Revelar a través de sus trabajos periodísticos la narcopolítica que existía en los municipios de Chínipas, Urique, Guasapares y Bachíniva, en la sierra de Chihuahua, generó encabronamiento de los líderes del grupo delictivo Los Salazar, por ello se ordenó el asesinato de Miroslava Breach Velducea, y eso se acreditó con pruebas y testimonios en el juicio de Juan Carlos Moreno, El Larry, quien fue declarado culpable de homicidio calificado.

En entrevista, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), señalaron que a lo largo de la investigación fue determinante “el tema de la narcopolítica; sin este contexto no podríamos entender cómo pasó y por qué pasó” el homicidio de la corresponsal de La Jornada.

Ambos fiscales señalaron que se mantienen abiertas las líneas de investigación que involucran a quienes grabaron a la periodista asesinada el 23 de marzo de 2017 y le exigieron que revelara sus fuentes de información.

En cuanto a si el gobernador Javier Corral supo de las amenazas contra la corresponsal y no se le brindó la protección que hubiera impedido el ataque, indicaron que ese es un tema que corresponde indagar a la fiscalía del estado.

De acuerdo con documentos de la indagatoria, los personajes que se mantienen sujetos a investigación son Hugo Amed Shultz, entonces alcalde de Chínipas, así como José Luévano (ex secretario particular de Corral y actual titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura) y Alfredo Piñera, ex secretario general y vocero, respectivamente, del Comité Ejecutivo Estatal en 2017. Piñera se desempeña actualmente como vocero de la fracción parlamentaria panista en el Congreso local.

Los integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) destacaron el trabajo que llevó a cabo el equipo de análisis contextual porque facilitó la labor del Ministerio Público (MP) para comunicar de mejor manera al juez el caso de Miroslava, de manera concreta y con buenos fundamentos cuál fue el motivo del homicidio y no solamente quién lo hizo.

La labor de analistas de contexto y agentes del MP permitieron establecer la vinculación del trabajo periodístico de Miroslava Breach con el contexto sociopolítico en la sierra de Chihuahua, de manera concreta en relación con los municipios de Chínipas, Urique, Guasapares y Bachíniva.

“Miroslava estaba dando a conocer cómo los grupos de delincuencia organizada, en especial el de Los Salazar, estaban imponiendo candidatos a las presidencias municipales. Ellos decidían quiénes iban de alcaldes y nombraban a los directores de Seguridad Pública Municipal; eso permitió señalar en el juicio cómo había un blindaje (para los grupos delictivos).

Iban comprando, corrompiendo a las autoridades locales en esos puntos específicos, y esos cargos les permitían realizar sus actividades ilegales de manera impune y sencilla, dijeron Sara Irene Herrerías y Antonio Pérez Sánchez.

Explicaron que de acuerdo con los documentos y testimonios aportados para el juicio de Juan Carlos Ochoa, se documentó que “Miroslava denunció en 2016 que en Chínipas se había impuesto como candidato único a la alcaldía a un familiar directo de Los Salazar, y cómo esta circunstancia tuvo un impacto social que llevó a partidos políticos a cambiar sus listas de abanderados y bajar a personas directamente vinculadas a esas circunstancias.

“Eso generó enojo, así lo declararon testigos, entre ellos uno denominado Apolo, quien durante el juicio dijo. ‘estaban enojados, estaban encabronados por lo que estaba diciendo Miroslava’”.

Comentaron que en febrero de 2017, exactamente un mes antes del asesinato, Miroslava volvió a denunciar que en Chínipas las circunstancias se mantenían”, y Crispín Salazar, actual líder del grupo que trabaja para el cártel de Sinaloa, y así lo dijimos en el juicio, ordenó a Juan Carlos Moreno la muerte de Miroslava; fue declarado culpable el miércoles. Se espera que se le dicte una condena de entre 50 y 70 años de prisión.