e alcanzó tal grado de corrupción que donde se apriete sale pus, y en abundancia. En todas partes, en todos los sectores, en las áreas pública y privada, cotidianamente se documentan verdaderos asaltos a la nación, que permanecen impunes. ¿Cuántas fortunas marca Forbes se amasaron a la sombra de esta práctica?, porque ha sido un atraco en despoblado, en el que la autoridad que debió evitarlo formaba parte relevante de él, con su contraparte privada.

En los hechos, todo el aparato de procuración de justicia formaba parte de esa práctica, e incluso otras instituciones creadas para supervisar y actuar en contra de actividades ilícitas se prestaron al manejo discrecional de las denuncias y/o los hallazgos de operaciones fraudulentas.

Una de ellas es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, creada en 2004 durante el sexenio de Vicente Fox (este personaje y su esposa, sin duda alguna, debieron ser los primeros, que no los únicos, en ser investigados por dicha instancia), y a lo largo de los tres sexenios de existencia nunca encontró ni vio nada, según sus seis titulares entre dicho año y 2018, cierre del gobierno peñanietista. Cómo estaría la cosa, que uno de sus directores fue Alberto Bazbaz, a quien se le perdió la niña del estado de México.

Pero algo sucedió, porque con el cambio de régimen la UIF no sólo comenzó a descubrir, documentar desfalcos por aquí y allá, enormes asaltos al erario, lavado de dinero y demás chanchullos, y proceder en consecuencia.

Entre los más reciente debe subrayarse que “la UIF ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos; se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales; hay mil 86 empresas identificadas como simuladoras por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la justificación de gastos con facturas falsas (que por sí solas involucran 324 mil millones de pesos) y outsourcing ilegal; ha presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República sólo por outsourcing ilegal que se suman a 35 por empresas fachada y 15 por facturación simulada” ( La Jornada, Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz).

En 15 meses de la nueva administración, la UIF ha dado infinitamente más resultados que en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Además, están los casos de Emilio Lozoya –preso en Madrid–, Alonso Ancira –detenido en Mallorca–, Juan Collado –inquilino del Reclusorio Norte– y los que se acumulen. Esta tercia se mantuvo intocada a lo largo de los sexenios priístas y panistas, pero se les acabó la fiesta (Santiago Nieto dixit), por la simple razón de que formaban parte de la maquinaria de corrupción de la propia autoridad, de la mano del sector privado.

Pero el asalto a la nación –y el jugoso negocio que implicaba para unos cuantos– también golpeaba las finanzas de instituciones tan necesarias como el IMSS y el Infonavit. Sobre esta última, la UIF documentó operaciones asociadas a un fraude por 5 mil millones de pesos, “que tenía el fin de que el instituto pagara al consorcio Telra (opciones hipotecarias) por la cancelación de un contrato; a partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos, Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido” (ídem).

El inventario es interminable: iglesias (La Luz del Mundo, sólo un ejemplo, porque no es la única), inmobiliarias, farmacéuticas, equipos de futbol, bancos, ingenios azucareros, aerolíneas, medios de comunicación y un larguísimo etcétera. Total, los mexicanos pagaban la factura.

Las rebanadas del pastel

De cereza, el presidente López Obrador anunció que su gobierno no tendrá tratos con empresas con juicios pendientes, fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción en México o en el extranjero y licitaciones serán revisadas por la UIF. Entonces, ojalá sea cierto aquello de que se acabó la fiesta.

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