Washington. El presidente Donald Trump dijo ayer que podría privar de fondos a las llamadas jurisdicciones santuario, después de que un tribunal de Estados Unidos dictaminó que su gobierno puede bloquear recursos en materia de seguridad a los estados y ciudades que no cooperen con las autoridades de inmigración.

El republicano, quien buscará la relección el 3 de noviembre, ha adoptado una línea dura en materia de migración.

Su batalla contra las jurisdicciones santuarios gobernadas por demócratas se centra en leyes y políticas que limitan la cooperación de las fuerzas del orden locales con funcionarios federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Las ciudades y los estados que se oponen a dicha cooperación argumentan que ésta puede disuadir a los inmigrantes a denunciar delitos ante la policía por temor a su estatus migratorio.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha tratado de recortar subsidios específicos en materia de seguridad a jurisdicciones que no cumplan con las solicitudes de información del ICE.

El 26 de febrero, un tribunal de apelaciones de Manhattan falló a favor del gobierno y estableció que los recortes de fondos eran válidos, lo que abrió el escenario a una posible apelación ante la Suprema Corte de Estados Unidos.

En un tuit, Trump advirtió que seguirá adelante con los recortes. “Según el reciente fallo el gobierno federal retendrá fondos de las ciudades santuarios, que deberían cambiar su estatus. ¡No protejan a los criminales!”

El gobierno de Trump anunció que admitirá a 35 mil trabajadores temporales extranjeros más este año para cubrir empleos estacionales en medio de un apretado mercado laboral.

La decisión de ampliar el número de visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas significa que el gobierno se está alineando con grupos empresariales y miembros del Congreso que han alegado que no hay suficientes estadunidenses para llenar muchos de los puestos en los sectores de servicios y procesamiento de alimentos en el país.

La decisión coloca al gobierno en conflicto con aquellos que están a favor de políticas migratorias más restringidas, incluidos muchos simpatizantes de Trump. Aumentar el límite de visas H-2B significa dar prioridad a la mano de obra extranjera y barata en vez de pagar mejores salarios para los estadunidenses que realizan la misma labor, tuiteó el senador Tom Cotton.

Hay un límite anual de 66 mil visas H-2B que otorga Estados Unidos, pero se permite que el gobierno ordene una distribución suplementaria en caso de que sea necesario.