Diversas organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas cautelares a la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante el incumplimiento de la recomendación 48/2019, con el objetivo de frenar la puesta en marcha del operativo Mochila segura de forma inmediata, toda vez que genera incertidumbre y riesgos a la integridad de niñas, niños y adolescentes, además de violentar el derecho a la educación, privacidad, discriminación y presunción de inocencia.

En un comunicado conjunto, la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lamentaron que tras los hechos de violencia ocurridos en una escuela de Torreón, Coahuila, el pasado 10 de enero, la SEP anunció que se volvería a implementar el esquema de Mochila segura, pero sin violar los derechos humanos.

Las organizaciones destacaron que lo anterior es contradictorio en sí mismo por la naturaleza de una acción policial dentro de los establecimientos escolares y recordó que el gobierno de Coahuila implementó un operativo con un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad estatal y la Guardia Nacional.

En dicha acción se incluyó el uso de armas largas, binomios caninos y arcos de detección de metales, lo cual generó incertidumbre y riesgos a la integridad de niñas, niños y adolescentes escolares.

A decir de los mencionados colectivos, el operativo Mochila segura –aplicado por las SEP y la Secretaría de Seguridad Pública y que consiste en que cuerpos policiacos revisen las mochilas de niñas y niños antes de entrar a sus escuelas– forma parte de una visión de criminalización de la niñez y adolescencia.

Afirmaron que este operativo es una medida punitiva y persecutoria; no es una solución para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.