La posibilidad de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia es remota con fiscalías que abren carpetas de investigación que luego almacenan y no avanzan, por lo que la alternativa es prevenir las agresiones y los feminicidios, delito en el que México ocupa los primeros lugares en la región, admitió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria participó ayer en un conversatorio con representantes de refugios para mujeres víctimas de violencia, a quienes propuso mantener un diálogo y tener confianza para avanzar en el objetivo común de proteger la vida de las féminas.

Sobre todo, señaló, cuando el sistema de procuración de justicia no funciona y existe una impunidad inaceptable. Se requiere una estrategia distinta, fortalecer a los refugios y lograr el empoderamiento de las mujeres, darles las opciones para que obtengan ingresos propios y no se vean obligadas a regresar con su agresor por necesidad.

Por su parte, las directoras de refugios, quienes esperaron a la titular de Gobernación casi dos horas, preguntaron sobre la política del actual gobierno en esta materia. Demandaron certeza en la transferencia de recursos económicos, de los que dependen para asistir a las mujeres y sus hijos que han decidido alejarse de su agresor.

También plantearon que el dinero que se les asigna mediante un concurso debería cubrir las necesidades de los 12 meses del año y llegar con puntualidad. Hoy, además de que sólo reciben financiamiento para ocho meses, los recursos tardan en llegar.

Enrique Valderrama, del refugio Más Dulce que la Miel, en la capital de Chihuahua, planteó la necesidad de revisar el modelo vigente que prevé sólo tres meses de estancia de las víctimas en los refugios. Dijo que este plazo es insuficiente para proporcionar la atención jurídica e integral a las víctimas.

Otras directoras de refugios comentaron que debería haber flexibilidad y dar a cada caso el tiempo que sea necesario y de acuerdo con las condiciones del lugar del país en que se encuentre.

Rosa María Salazar, de Fundación Esperanza, de Saltillo, Coahuila, planteó la necesidad de que exista un mecanismo que conjunte todas las estrategias de apoyo para las víctimas de violencia, ya que hoy por un lado están los centros de justicia, por otro las agencias del Ministerio Público, mientras de las mujeres que acuden a los servicios de salud, ninguna llega referida de las clínicas.

En el encuentro, Alicia Leal, directora del área de Protección Integral para las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, explicó que el nuevo programa Puerta Violeta tiene la finalidad de complementar el trabajo de los refugios y de las instancias de impartición de justicia.

El objetivo es que sean el primer punto de contacto de las víctimas de violencia familiar, para que no lleguen directamente al Ministerio Público a presentar una denuncia donde desconocen de lo que se trata, el tiempo que se van a tardar y el resultado que van a obtener.