Moscú. El Kremlin dio el primer paso para crear las condiciones que le permitan tener –en la siguiente legislatura– una subordinada Duma o cámara baja del Parlamento federal, con el menor número posible de diputados opositores, al declarar este miércoles como agente extranjero al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso) de Aleksei Navalny, líder de la oposición extraparlamentaria.

Aunque faltan dos años para renovar la Duma, todo indica que la Oficina de la Presidencia rusa se propuso evitar que se repitan las manifestaciones de protesta que hubo el verano pasado en relación con las elecciones al Parlamento de la ciudad de Moscú y, sobre todo, que la bancada oficialista mayoritaria pierda un número importante de escaños.

En ambos reveses del oficialismo tuvo mucho que ver el equipo de Navalny. El FBK no es un partido, pero la infundada negativa a registrar a título personal como candidatos a diputado a políticos identificados con su líder y los escándalos de corrupción que ha destapado generaron –a través de las redes sociales, pues tiene prácticamente vedados los medios impresos y electrónicos– descontento en una parte del electorado, sobre todo de los rusos de 45 años para abajo con mayor acceso a Internet.

De igual manera resultó una desagradable sorpresa para el Kremlin la votación inteligente propuesta por Navalny: votar en cada distrito de acuerdo con su recomendación por el aspirante, sin importar en qué partido militase, con más posibilidades de ganar a su rival oficialista, con lo cual hizo fracasar la estrategia diseñada en la oficina de la presidencia de postular como independientes a los candidatos de Rusia Unida, el partido oficialista.

En este contexto se inscribe la decisión del ministerio de Justicia de incluir al FBK en la lista de agentes extranjeros, que suma ya más de 70 ONG.

Porque cualquier ONG, cuando según la ley se dedica a actividades políticas y es financiada desde el exterior, tiene la obligación de colgarse el sambenito de agente extranjero en toda acción pública que realice –sea, por ejemplo, publicar un texto o difundir una investigación por Internet–, lo cual impone serias limitaciones a su funcionamiento, más auditorías y trámites burocráticos, y también provoca el rechazo de las personas que entienden el término como sinónimo de agencia de espionaje de otro país.

Además, una organización con estatus de agente extranjero tiene prohibido establecer acuerdos con partidos políticos, así como participar en cualquier tipo de comicios, ya sea promoviendo o dificultando la elección de un candidato o de una lista de partido, como sería repetir la reciente experiencia de la votación inteligente.

Tampoco puede enviar observadores a ningunas elecciones ni dar a conocer encuestas, ni lanzar la iniciativa de celebrar un referendo ni colaborar en la campaña electoral de nadie.

“Esto es el colmo –escribió Navalny en las redes sociales–. El ministerio de Justicia acaba de incluir al FBK en su lista de agentes extranjeros. El FBK nunca ha recibido ni un centavo de dinero extranjero. Todo el dinero del FBK son sus donativos, dinero de ciudadanos de la Federación Rusa. El ministerio tomó una decisión absolutamente ilegal y, es claro, por órdenes directas de (el presidente Vladimir) Putin”.

La declaración de agente extranjero, que el FBK –según su director, Ivan Zhdanov– va a recurrir cuando reciba de modo oficial la respectiva notificación, es el enésimo golpe que, desde las protestas del verano anterior, las autoridades propinan a las estructuras encabezadas por Navalny.

Durante la marcha no autorizada del sábado 3 de agosto, el Comité de Instrucción de Rusia informó que inició una carpeta de investigación por presunto blanqueo de mil millones de rublos del FBK, que luego quedó en 75 millones, dinero, en rublos y otras divisas, obtenido de forma ilícita, que se ingresaba en sus cuentas mediante depósitos en cajeros automáticos.

Por decisión judicial se congelaron todas las cuentas del FBK y de su personal, entre otras medidas.