n menos de 48 horas quedó claro el propósito de acabar con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pero esta determinación viene de tiempo atrás, como puede constatarse en artículos periodísticos en los que se han desvirtuado su conformación y su papel como organismo autónomo. Ya se había adelantado el ansia por su desaparición en el proyecto para una nueva ley en esta materia –cuya auténtica maternidad ha sido infructuosamente negada– presentado por la senadora Ana Lilia Rivera en febrero. Además, en la comparecencia más reciente de la doctora Elena Álvarez-Buylla en el Senado, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estalló contra el foro con argumentos contrarios a la verdad (ver este mismo espacio, La Jornada, 4/6/19). En unas cuantas horas, la dirección del consejo lanzó primero una amenaza, que concretó luego con la aparente complicidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para asfixiar presupuestariamente al organismo asesor, en lo que quedará registrado como uno de los episodios más perversos en la construcción de la política de ciencia de la Cuarta Transformación (4T).

Pero hay un pequeño detalle: la determinación de cortar el presupuesto a esta institución con la finalidad de destruirlo –así venga acompañada de una ratificación en la conferencia matutina de un Presidente engañado– es contraria a la legislación vigente. La Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 38: El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo. Estamos así, frente a la nación entera, ante la violación artera de la ley como un acto de venganza contra una voz independiente. Por encima de la ley, ¿nadie?

Frente a una disposición tan clara como la citada, no tienen cabida los argumentos que desconocen la obligación del consejo para dar recursos económicos al foro, o cambiar dicha obligatoriedad poniéndolo a concursar por fondos pulverizados para proyectos específicos decididos unilateralmente por la dirección del Conacyt, como lo hizo ya para dañar a la Academia Mexicana de Ciencias.

El foro no es una asociación civil de carácter privado, como lo quiere presentar el Conacyt –y aparentemente la SFP– en su forma mentirosa de hacer política. Es un organismo creado para garantizar la participación por medio de las academias, que son las organizaciones naturales de la comunidad científica; las principales instituciones de educación superior e investigación, y las organizaciones empresariales (de acuerdo con un modelo de triple hélice), con el fin de establecer el diálogo indispensable entre el gobierno y estos sectores, para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. El foro surge y está integrado indisolublemente al cuerpo de la Ley de Ciencia y Tecnología, nació con ella y no por una reunión entre amigos.

Para entender los posibles significados de este atropello habría que proponer respuestas a varias interrogantes: ¿cuál es el propósito? Es claro que se trata de eliminar una voz crítica e independiente que resulta más que incómoda para la dirección del Conacyt (ojo, no para la 4T. No es lo mismo). ¿Para qué? Para concentrar todas las atribuciones posibles, definir al margen de la comunidad científica la política de ciencia y ser la única instancia de interlocución con el Presidente. Y todo esto, ¿con qué fin? Para imponer la política de un pequeño grupo que busca introducir restricciones a la libertad de investigación en diferentes campos del conocimiento como la biotecnología, en particular en áreas como ingeniería genética, organismos genéticamente modificados, edición y biología sintética, que son objeto de atención –como deberían serlo en nuestro país– de las comunidades científicas del mundo entero. La lucha para eliminar al Foro Consultivo es nada en comparación con la madre de todas sus batallas contra los transgénicos, que es lo que da sentido al grupo que encabeza Elena Álvarez-Buylla.

La gran pregunta es aquí cómo algunos miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de Morena cierran filas para lo que creen es defender la nueva política de ciencia de la 4T, cuando se trata del proyecto de un grupo muy pequeño dentro de la comunidad científica, que no es de izquierda y mucho menos revolucionario, pues como he dicho aquí, es conservador y retardatario, pues, salvo los beneficios sociales de la ciencia con los que nadie puede estar en desacuerdo, no tiene nada qué ver con el ideario de AMLO, pues está fundado en una extraña mezcla de lysenkismo y el Laudato si’ del papa Francisco. ¿De dónde sacan que esta es la gran transformación que requiere México?