Al concluir sin acuerdos el cuarto día de encuentros entre autoridades y representantes de elementos de la Policía Federal (PF) inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional (GN), la mayor parte de los participantes en las movilizaciones consideran que la corporación ya se murió, ya no hay vuelta, y que su única posibilidad de obtener un beneficio económico ante la desaparición de este cuerpo policial es que el gobierno los liquide como si los despidiera y que los indemnice por cancelar su fuente de empleo.

Ante la inminente pérdida del bono de operatividad, que se traduce en 9 mil 800 pesos mensuales adicionales al salario base, que va de 5 mil a 8 mil pesos cada 30 días, los agentes inconformes profundizaron su división. Uno de los bandos exigió que el diálogo con las autoridades se hiciera público, en una explanada donde todos los elementos pudieran observar las negociaciones y que los medios de comunicación tuvieran acceso; además, que se les pagara de manera inmediata una liquidación y se les indemnizara.

Por esa razón, primero pusieron de plazo las dos de la tarde para que las autoridades de manera pública solucionaran el conflicto y les dijeran que sí los liquidarían e indemnizarían. Aunque instalaron una mesa, ningún funcionario atendió la exigencia.

Otro grupo decidió retirarse al considerar que no habrá más posibilidades que ser transferidos a la GN en condiciones de respeto a sus derechos humanos y perdiendo el bono de operatividad, o bien aceptar que se les permita ingresar a otra institución gubernamental, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que mantiene su postura de no indemnizar a quienes decidan renunciar a la PF y sólo pagará finiquitos.

La institución señaló que mantendrá su ofrecimiento para que los agentes que así lo deseen ingresen a otra institución, ya que además de la GN podrían laborar en el Servicio de Protección Federal, el Instituto Nacional de Migración, las aduanas y diversas instancias de la propia secretaría, como en los órganos administrativos desconcentrados como el sistema penitenciario, donde trabajarían como custodios.

Durante las negociaciones, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, reiteró que se garantizará que todos los elementos tengan un empleo digno, con su mismo salario y prestaciones, dentro de alguna institución de seguridad del Estado Mexicano.

En cuanto a los distintos bandos en que se dividieron los inconformes, uno de ellos consideró como logros que la transferencia a la GN sea voluntaria, se brinde trato digno a quienes ya aceptaron integrarse, y se garantice la contratación en alguna dependencia a quienes no acepten formar parte de ella.

Al filo de las cinco de la tarde, el grupo que busca obtener indemnizaciones emplazó nuevamente a las autoridades y fijó las 22 horas como plazo para que el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, acudiera al centro de mando de la PF en Iztapalapa a dialogar y dar solución inmediata a sus demandas.

Ese emplazamiento se dió luego de que alrededor de 200 elementos designaron como su representante legal al abogado Enrique Carpizo –sobrino de Jorge Carpizo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México– y éste señaló que los agentes federales tienen derecho a una indemnización, demanda que este sábado se convirtió en una de las principales exigencias de uno de los grupos en que se dividió el movimiento de protesta.

A las 22 horas, uno de los representantes de los inconformes anunció que permanecerán día y noche en las instalaciones policiales en espera de que se reanude el diálogo. Sin embargo, las autoridades informaron la tarde de ayer que el próximo lunes a las 10 de la maña se reinstalará la mesa de negociación y también habrá módulos de información en los que se les dará a conocer a cuánto podría ascender el finiquito para cada agente o sus posibilidades de ingresar a trabajar a otras instituciones.