El gobierno federal no cuenta con una estrategia específica de seguridad, ya que el presupuesto destinado a esa materia no está atendiendo las necesidades de la sociedad, aseguró el Observatorio Nacional Ciudadano.

Durante la presentación del estudio Una mirada a la ruta de los recursos, que realizó junto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, indicó que sólo 14 por ciento del presupuesto federal de este año está destinado a evitar el delito.

La prevención está siendo una burla; no la hay en nuestro país. Lo que estamos destinando a ese rubro simplemente es para mantener la seguridad pública, dijo Francisco Rivas, director de la ONG.

Asimismo, señaló que para 2019 el gasto público en seguridad es de 239 mil millones de pesos, que equivale a 0.96 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, consideró, no refleja la política de seguridad del gobierno federal, ya que de este monto, 70 por ciento es destinado a dos ejes: fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública e impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras 1.5 por ciento es para prevención y atención de derechos humanos.

Tres proyectos para justicia concentran 83.2% de fondos

Indicó que del total de recursos asignados a combatir el crimen, las fuerzas armadas, en apoyo a la seguridad pública, absorben 84 por ciento de la partida aprobada para este año. En términos de programas presupuestarios, sólo tres de los 44 proyectos para justicia concentran 83.2 por ciento del total.

El observatorio agregó que el Plan Nacional de Desarrollo pone énfasis en la elaboración de una estrategia de prevención del delito, pero esto no se ve reflejado claramente en el presupuesto de seguridad. “Aunque este objetivo cuenta con 34 programas, los recursos se se concentran en uno solo: operativos para la prevención y disuasión del delito, el cual absorbe 90 por ciento de prevención, protección y fortalecimiento de la seguridad pública.

En contraste, Protección Civil tiene asignado 0.7 por ciento, lo que equivale a 0.8 por ciento de los recursos destinados para la reconstrucción de los sismos de 2017.