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Imputan desaparición forzada a autoridades locales y de Edomex
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de mayo de 2019, p. 28

Las autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y del estado de México son responsables del delito de desaparición forzada en contra del joven Marco Antonio Sánchez, estudiante de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México detenido en las inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús en enero de 2018 y quien apareció cinco días después en Tlalnepantla.

A esa conclusión llegó el primer tribunal colegiado en materia penal de primer circuito al resolver una petición de amparo tramitada por familiares y defensores del estudiantente, quien sufrió serías repercusiones en su salud física y sicológica. Demandaron la reparación integral del daño para él y su familia por la grave violación a sus derechos humanos.

La Red por los Derechos de la Infancia en México y otras organizaciones señalaron que el joven también fue víctima de detención arbitraria y tortura por policías capitalinos, por lo que exigieron una investigación exhaustiva y sanción a los funcionarios que negaron su desaparición forzada.

Tras el análisis del caso, incluido lo sucedido durante los cinco días transcurridos entre la detención y su reaparición, y contra la negación sistemática de autoridades de ambas entidades de que hubiera sido víctima de desaparición forzada, el tribunal otorgó el amparo y determinó que el adolescente sí fue víctima de grave violación a sus derechos humanos.

En casos como éste, consideraron, no se extingue con la localización de la persona ni cesan sus efectos con su aparición; es decir, que se lograra la reaparición de Marco Antonio cinco días después por la intensa movilización social no significó desaparecer el delito de desaparición forzada, y en consecuencia la investigación y persecución de los presuntos responsables.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, dijo que en el proceso con la Comisión de Derechos Humanos se determinó que la jefa de Gobierno debe emitir una disculpa pública, mientras a la SSC le corresponde reparar el daño.