Caracas. La Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición, fue bloqueada ayer por elementos de seguridad mientras el Tribunal Supremo de Justicia informó que ya son 14 los legisladores opositores imputados por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 30 de abril.

Desde las seis de la mañana el recinto parlamentario fue resguardado por la Policía Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y las Fuerzas de Acciones Especiales. Los congresistas tenían previsto debatir la detención del vicepresidente de la AN, Édgar Zambrano, y los procesos judiciales contra 13 congresistas por su participación en el alzamiento.

Roberto Campos, miembro de la subsecretaría de la AN, contó en Twitter que 15 miembros del servicio de inteligencia ingresaron al Parlamento para buscar un supuesto artefacto explosivo. Congresistas, trabajadores y periodistas que cubren las actividades parlamentarias no pudieron ingresar al recinto.

El jefe de la AN, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado y líder del fallido levantamiento, tuiteó: Intentan secuestrar el Poder Legislativo mientras el dictador (el presidente Nicolás Maduro) se atrinchera solo en un palacio en el que no debe estar, sospechando de todos a su alrededor.

La asamblea informó que aplazó para hoy la sesión con el mismo orden del día, aunque no precisó el lugar.

Elementos de la policía y tres patrullas del servicio de inteligencia también custodiaron la calle que conduce a la embajada española en esta capital, donde se encuentra refugiado en calidad de huésped el líder opositor Leopoldo López tras haberse fugado de su prisión domiciliaria al amparo del fracasado levantamiento.

El dispositivo de seguridad se implementó un día después de que el canciller de España, Josep Borrell, informó que Guaidó y López se reunieron en la legación el pasado domingo. Que haya vigilancia policial me parece lo más normal, sería raro que no la hubiera, señaló ayer en el Fórum Europa, y añadió: mientras esté en la puerta, no pasa nada.

La policía detuvo a Zambrano el miércoles pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia abrió un proceso contra el congresista opositor y otros nueve de sus colegas por la comisión flagrante de varios delitos, incluidos conspiración y traición a la patria, por su presunta participación en el fallido levantamiento.

Por la tarde, el Tribunal Supremo agregó a la lista de opositores acusados a los diputados Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores.

En Nueva York, el embajador interino de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Jonathan Cohen, advirtió que los ataques del gobierno bolivariano a la AN se han incrementado, y llamó a los países a adoptar medidas concretas.

En este contexto, los últimos cuatro activistas estadunidenses de Código Rosa que permanecen en la embajada venezolana en Washington dijeron que planean quedarse ahí, horas después de que agentes del Departamento de Defensa les informaron que estaban invadiendo ilegalmente el recinto, dado que Washington reconoce como presidente a Guaidó, y su representante Carlos Vecchio pidió la expulsión de los activistas del Colectivo Protección de la Embajada.

No vamos a acatar esa orden. Es ilegal, advirtió ayer el activista Kevin Zeese a reporteros desde la ventana del segundo piso del edificio. Agregó que tienen suficientes alimentos y agua para continuar su protesta, que lleva 36 días.

En tanto, durante una marcha de la lealtad militar en la Infantería de Marina, en el estado de Vargas, Maduro calificó de provocación de Estados Unidos la incursión en aguas jurisdiccionales de Venezuela del buque USCG James, que el viernes pasado se aproximó al puerto de La Guaira. La embarcación se retiró a pedido de la marina venezolana.

En otro orden, el diario Panorama publicó ayer su última edición impresa tras 104 años de circulación, al verse asfixiado por la falta de papel, suerte que han corrido casi todos los medios impresos nacionales en medio de la crisis política y económica, lo mismo que otras publicaciones en el mundo.

La agencia de noticias Ap reportó que el Registro Civil de Colombia tiene constancia de al menos 3 mil 290 niños hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano desde diciembre de 2016. Grupos humanitarios estiman que el número podría llegar a 25 mil.

Los menores están en condición de apátridas, ya que los consulados venezolanos están cerrados y debido a que la Constitución colombiana considera otorgar la nacionalidad sólo si uno de los padres es colombiano, y en caso de ser hijos de extranjeros, éstos deben ser residentes legales.

Los niños apátridas no pueden acceder a derechos básicos como sanidad o educación.