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El partido laborista se opone a enviarlo a EU

Piden legisladores británicos extraditar a Assange a Suecia

En Ecuador acusan de sabotaje a socio del fundador de Wikileaks

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▲ La policía de Ecuador entra al edificio de apartamentos donde el programador sueco Ola Bini, colaborador de Julian Assange, residía en Quito.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de abril de 2019, p. 17

Londres., Más de 70 diputados de distintos partidos británicos firmaron una carta en la que piden al ministro del Interior, Sajid Javid, extradite a Julian Assange, fundador del portal del filtraciones Wikileaks, por las acusaciones de agresión sexual que afronta en Suecia y no a Estados Unidos.

Los parlamentarios, quienes aseguran que esto no presupone la culpabilidad de Assange, consideran que la denunciante debería ver que se hace justicia. La misiva, remitida además a la vocero de Interior del Partido Laborista, Diane Abbott, precisa que la acusación de violación prescribe en agosto de 2020.

La fiscalía indicó que ante la existencia de dos peticiones de extradición de distintos países sobre la misma persona, es Javid quien decide cuál aplica, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la fecha de las solicitudes y los lugares en los que se cometieron los delitos.

Ninguna acusación de violación planteada por las autoridades suecas debería ignorarse, tuiteó Abbott. Agregó que la única petición de extradición viene de Estados Unidos, y recordó que el Partido Laborista se opone a esta petición.

En julio de 2010 Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque no pudieron avanzar, mientras Assange permaneció en la embajada.

El pasado jueves siete agentes de Scotland Yard, invitados por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, sacaron a la fuerza a Assange de la representación diplomática.

El presidente del país sudamericano, Lenín Moreno, revocó minutos antes el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque violó reiteradamente las normas que regían su protección dentro de la representación diplomática.

La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso.

Debido a que Estados Unidos pidió la extradición de Assange por ciberataques contra información de seguridad, el consejero político Roger Stone, aliado del presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró este sábado que le gustaría poner al activista en el banquillo de los acusados.

Los abogados de Assange explicaron que Washington tiene plazo de 65 días para plantear un pliego de cargos concreto que podría ampliar el listado de delitos que se le imputan.

En este contexto, Rodolfo Navarrete, juez de la Unidad de Flagrancia de Quito, dictó orden de prisión preventiva y congeló las cuentas bancarias del sueco Ola Bini, un desarrollador de software de 36 años relacionado con Assange, tras acusarlo del sabotaje de sistemas informáticos.

Bini, quien reside en Ecuador desde hace cinco años, fue detenido el pasado jueves en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, de Quito, cuando iba a viajar a Japón. La Ministra del Interior, María Paula Romo, denunció que Bini y dos rusos filtraban información privada del gobierno ecuatoriano.

La Fiscalía detalló en un comunicado que durante la detención se halló gran cantidad de computadoras portátiles, iPads, iPods, cables USB, dispositivos de almacenamiento de datos USB, teléfonos celulares, adaptadores, conectores de diferentes puertos, tarjetas de crédito, entre otros.

Entre los elementos de convicción que presentó Fiscalía también se incluye un reporte migratorio obtenido de la base de la Unidad de Análisis Financiero y Económico en el que constan un gran número de viajes realizados por este ciudadano.

En otro reporte, la fiscalía detalló que de 2015 a 2019 el sueco realizó pagos por servicios de Internet valuados en más de 230 mil dólares.