Cuernavaca, Mor., La 54 legislatura – integrada en su mayoría por diputados de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)– modificó varias leyes estatales, entre las que destacan la eliminación de pensiones vitalicias para los titulares de las Fiscalías General del estado (FGE), en Combate a la corrupción y de Antisecuestros.

En la sesión ordinaria de la noche del jueves abrogaron también 24 de 70 pensiones doradas que la legislatura pasada, de mayoría perredista, otorgó a integrantes del gabinete anterior y a personas cercanas al entonces gobernador Graco Ramírez, así como a familiares y trabajadores de ex diputados locales sin que cumplieran los requisitos de ley para hacerse acreedoras de las mismas.

Aprobaron reformas a la Ley orgánica de la FGE, que además de eliminar las pensiones de los titulares de la FGE, Uriel Carmona Gándara; de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Salazar Núñez; y de Antisecuestros, Adriana Pineda, a funcionarios de Graco Ramírez que se colaron al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo por las modificaciones de la pasada legislatura, también se les retiró la seguridad que recibirían de por vida.

Asimismo, modificaron las leyes: de Asistencia social y correspondencia ciudadana; Derechos de las niñas, niños y adolescentes; para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar; de Desarrollo, Protección y Atención de las Personas Adultas Mayores; la de Víctimas; la ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar, y la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como al Código Familiar para el estado de Morelos.

El presidente de la Comisión de puntos constitucionales y legislación, el morenista Javier García Chávez, afirmó que dentro de las inconsistencias y abusos que contenía la Ley Orgánica de la FGE estaban las pensiones para los servidores públicos mencionados.

“La pasada legislatura que encabezó Hortensia Figueroa Peralta, ex diputada del PRD y cercana a Graco Ramírez –acusó García Chávez– blindó a los fiscales sin importar el tiempo que durarán en el cargo”. Explicó que les dejaron a salvo la posibilidad de adquirir otra pensión de acuerdo con lo previsto en la Ley de Servicio Civil; es decir dos montos económicos al mismo tiempo con cargo al presupuesto estatal, lo que está prohibido por dicho ordenamiento jurídico.

Fincarán responsabilidades penales a promotores

Respecto de las pensiones doradas, Tania Valentina Rodríguez, diputada del PT y presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, advirtió que fincarán responsabilidades penales a quienes las promovieron y a quienes entregaron documentos falsos para sustentarlas.

Destacó que los más de 70 expedientes del grupo de esas jubilaciones nunca pasaron por el procedimiento institucional, “es decir, les dieron tratamiento fast track, con un turno preferente en perjuicio del resto de quienes iniciaron un trámite tiempo atrás; además violaron los procedimientos de investigación para verificar la antigüedad y hacerlo constar en las hojas de servicio exhibidas, como lo disponen las leyes Orgánica del Congreso y del Servicio Civil”.

La legisladora presentó en la sesión del jueves los resultados de una investigación que ordenó el 12 de octubre el pleno del Congreso “para determinar la forma y los procesos de cómo algunos ciudadanos lograron pensiones indebidas, a las que el pueblo llamó ‘doradas’; 24 de las cuales se resolvió abrogar”, porque no cumplen con los requisitos de ley. Las pensiones fueron otorgadas al ex secretario de Hacienda, Michel Luna; la ex secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez; la ex secretaria particular del entonces gobernador, Stephanie Guzon Andre; la ex secretaria particular de Elena Cepeda (esposa de Graco), Josefina Pallares Zardían; Anahí Bahena López, esposa del ex secretario de gobierno, Angel Colín.

A la ex encargada de Finanzas del Congreso local, Martha Patricia Bandera Flores, familiares y ex trabajadores de los ex diputados locales de la 53 Legislatura, pensiones que no fueron acreditadas ante la Comisión de Trabajo, Previsión y seguridad social, señaló la petista.

A los trabajadores del Congreso, incluidos en estos actos de corrupción, detalló Valentina Rodríguez, se les entregaron constancias de salarios por montos que nunca tuvieron; es decir, hay quienes, ganaban 5 mil pesos; pero se les jubiló hasta con 30 mil.

Hay muchos ex trabajadores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que recibieron constancias de trabajo falsas. Todo con el contubernio de los ex alcaldes, principalmente de Puente de Ixtla, Axochiapan, Coatlán del Rio, Tepalcingo y Cuautla, por mencionar algunos.