En tribunales aún se dirime el litigio por 4 mil 799 metros cuadrados de área verde ubicados en la tercera sección de Chapultepec, que desde hace más de dos décadas el gobierno capitalino y colonos defienden para evitar la construcción de un ambicioso proyecto inmobiliario. La amenaza, señalaron vecinos, podría desaparecer tras el anuncio de la ampliación del bosque.

El predio de Montes Apalaches número 525, en la colonia Lomas de Chapultepec, jurisdicción de Miguel Hidalgo, fue reclamado por un particular hace más de dos décadas. El argumento fue que la causa de utilidad pública por la cual fue expropiado, no se cumplió.

En 2007, el entonces Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, reconoció públicamente que perdió el juicio de nulidad 1321/2007 que interpuso Inmobiliaria Trepi, donde demandó la reversión del decreto expropiatorio de 1992.

En ese año también se perdió una extensión importante, localizada a escasos metros del citado predio y que ahora forma parte de los jardines del colegio Westhill.

De acuerdo con el citado expediente, la consejería trató de demostrar el cumplimiento del decreto porque la superficie de 4 mil 799 metros cuadrados se conservó como área verde, pero Trepi inició un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual resultó con sentencia favorable para la inmobiliaria y fue ratificado por la sala superior del tribunal, que declaró procedente la reversión.

Tras la resolución, Trepi recurrió a la justicia federal y en el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa solicitó un amparo, el cual le fue otorgado, y el 12 de noviembre de 2012 se hizo la entrega del predio a los desarrolladores.

El terreno se empezó a ofertar en dólares y se promocionaba con un uso de suelo habitacional, donde es factible hasta la construcción de un edificio; sin embargo, la zona está catalogada como área ambiental protegida.

Habitantes de varias zonas de la Ciudad de México realizaron en su momento diferentes movilizaciones en contra de la construcción de viviendas en el principal pulmón de la capital del país, a quienes se sumaron autoridades de diversas instancias capitalinas, por lo que aún persiste la batalla legal en los máximos tribunales.