Chilpancingo, Gro., El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, subrayó que hay incertidumbre entre los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, porque el gobierno federal no ha designado fiscal especial para resolver el caso.

Reconoció que por esta situación no han avanzado los trabajos de la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, pues se espera la asignación del fiscal especial para que asuma el compromiso de hacer el trabajo de común acuerdo con los padres de familia, tomando en cuenta las nuevas líneas de investigación.

Dijo que todavía no se fija fecha para la asignación del fiscal y hay pláticas con personas que se presume pudieran ocupar el cargo, lo cual ocurrió en la tercera sesión de trabajo celebrada el 20 de marzo en la Secretaría de Gobernación y se espera que en el transcurso de abril ya se tenga propuesta.

Se entiende que se busca a la persona más idónea para que ocupe el cargo, que dé confianza a los padres de familia, y que tenga un perfil alto en cuanto a experiencia, compromiso y conocimiento en derechos humanos; sentimos que es un asunto más de idoneidad, consideró Barrera Hernández. Recordó que la comisión de la verdad ya está instalada y sesionando, además de que ya se incorporó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en abril lo hará la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y sin duda ya están dadas las condiciones para avanzar.

Sobre el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sostuvo que constituye un paso importante, tomando en cuenta que el Presidente dijo que habrá apoyo financiero sin límites, pero el problema es que en los estados no se camina en la misma dirección y en Guerrero no hay instancia que cumpla con los principios jurídicos que debe tener este sistema.

“Para que funcione se requiere un diálogo más respetuoso y fructífero. El desafío está en los estados, Gobernación planteó que para septiembre ya deberán estar en funciones a escala nacional las comisiones locales con marco legal y cuenten con todos los requerimientos para respaldar la lucha de los colectivos.

Hay disparidad en cuanto a los compromisos y acciones de los gobiernos estatales, por eso el llamado. Es una coyuntura propicia para que en Guerrero, el gobernador (Héctor Astudillo) atienda el clamor de las víctimas, tanto de desapariciones actuales como de tiempos remotos, concluyó.