México recaudaría casi 179 millones de dólares al año, unos 3 mil 214 millones de pesos, si fijara impuestos a las trasnacionales tecnológicas como a las demás empresas, afirma un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentado ayer en Santiago de Chile.

Las ventas de Uber, Netflix, Spotify y Apple en 2017 ascendieron a mil 282 millones de dólares, unos 24 mil 385 millones de pesos.

Si bien dichas cifras ubican a México como el segundo mercado más amplio de la región, sólo después de Brasil, lo convierten en el que más pierde en recaudación.

En una publicación aparte se consigna que la recaudación en México representa 16.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual le ubica entre los seis más bajos de América Latina, lejos de la media de la región (22.8 por ciento del PIB) y también del promedio de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (34.2 por ciento), reporta este organismo internacional.

Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), llamó a realizar un nuevo enfoque de los impuestos de las grandes trasnacionales, pues en los países más pobres se pierden alrededor de 200 mil millones de dólares al año, aproximadamente 1.3 por ciento del PIB, debido a que las compañías transfieren sus ganancias a lugares que tienen impuestos bajos.

Expuso que es necesario replantear los impuestos a las trasnacionales digitales que tienen negocios altamente rentables.

Estos modelos de negocios dependen en gran medida de activos intangibles, como patentes o software que son difíciles de valorar. También demuestran que asumir un vínculo entre ingresos, ganancias y presencia física se ha quedado desactualizado, destacó.

En México se presentó el 6 de septiembre pasado una iniciativa que crea un impuesto a los ingresos procedentes de servicios digitales.

La propuesta consiste en una tasa de 3 por ciento a los ingresos brutos procedentes de la realización de actividades desarrolladas por interfaces digitales.

El proyecto define como contribuyentes del impuesto a las personas residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Sin embargo, excluye a las personas no residentes sin establecimiento permanente, categoría en la que caen la mayor parte de las empresas a las que se quisiera alcanzar con el impuesto, subraya la Cepal.