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Necesarias, políticas para garantizar los derechos de refugiados
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de marzo de 2019, p. 7

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) debe incluir objetivos de política pública en materia de protección a refugiados y personas solicitantes de asilo, pues de ello depende la programación y presupuestación posteriores para las distintas dependencias federales, señalaron académicos del equipo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.

Denise González Núñez y Felipe Sánchez Nájera, quienes participan en el Foro de protección internacional de refugiados, en el contexto de la elaboración del PND 2019-2024, propusieron que la administración pública federal deje de contemplar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) como una oficina de trámite que otorga permisos especiales para el ingreso al territorio, y se le vea como un órgano de protección de derechos, cuyas decisiones repercuten en la vida de las personas solicitantes de asilo.

Señalaron que se tiene que incorporar en el nuevo PND una visión verdaderamente intersecretarial respecto de esta temática. Sólo así se podrá lograr una protección integral para las personas refugiadas y solicitantes de asilo. La Comar es una pieza fundamental de la atención a personas refugiadas en México.

Reforzar la Comar

Además, tras recordar que esta comisión ha ejercido sus funciones a través de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es necesario fortalecer su Coordinación General, a fin de que sea capaz de lograr el involucramiento de todas las secretarías de Estado para la atención integral de refugiados y solicitantes de asilo.

Ambos especialistas consideraron que este fortalecimiento es esencial para proyectar adecuadamente el trabajo de la Comar en la estructura administrativa y para dimensionar con corrección sus requerimientos presupuestales, indispensables para su tarea.

En una serie de propuestas, señalaron la necesidad de extraer el tema de protección internacional de las finalidades de política exterior, como estuvo planteado en los planes de desarrollo de las dos administraciones pasadas, e incorporarlo ahora a las metas de protección de derechos humanos.