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De Nuestras Jornadas

Guerra de cifras

N

unca, ni en los momentos más cruentos de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado –cuya característica principal era el uso de la fuerza, más que de la inteligencia–, el gobierno ha tenido la batuta en el combate a la delincuencia; más bien, apenas ha representado un factor de relevancia menor para los criminales que los ha obligado a modificar sus tácticas pero no sus estrategias.

Lo anterior es así porque el esfuerzo de los dos gobiernos federales anteriores se enfocó en los efectos del crimen organizado, pero no en sus fuentes de poder, que son el dinero, que se agencian en grandes volúmenes, y las armas que introducen al país, también en enormes cantidades. ¿Qué harían los criminales si un buen día amanecieran sin dinero, sin ingresos y sin armas? Como dijo una vez el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el criminal más peligroso no es nada sin dinero.

Lo demás es lo de menos: si, en las cuentas del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública; Acapulco es la segunda ciudad más violenta del mundo, o si no lo es, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en realidad no es tan relevante porque, de cualquier modo, está claro que por ahora el gobierno no tiene acción determinante en ese fenómeno.

Cuando desciende el número de homicidios violentos, los gobernantes suelen afirmar que es porque la estrategia de seguridad está dando resultados. Pero, ¿es así en realidad? ¿No podría ser que, en algún momento, cuando han logrado aniquilar o expulsar del territorio a una banda rival, los sicarios ya no tienen a quién matar?

Se espera que sea distinto cuando el gobierno tenga a su disposición la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que le permitirá desposeer a los criminales de los bienes y las fortunas que han amasado a lo largo de muchos años de impunidad legalizada.

Claro, no deberá olvidarse de sellar las aduanas al paso de los cargamentos de armas, lo cual no pudieron o no quisieron hacer –o ambas cosas– los dos presidentes anteriores.

El actual gobierno federal tiene delante de sí esa oportunidad.