omo científica, María Elena Álvarez-Buylla Roces es susceptible de amplio reconocimiento: licenciada en biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM; maestra en ciencias por el Instituto de Biología de la misma casa de estudios, y doctora en botánica por la Universidad de California. Ha sido investigadora titular en el Instituto de Ecología de la misma UNAM y en 2017 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la especialidad de ciencias físico-matemáticas y naturales.

Sin embargo, como política y servidora pública no está cosechando lauros similares. Fue designada directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y, con una asiduidad preocupante, ha estado generando tormentas y discusiones que han ido colocando a buena parte de la comunidad científica en su contra, a causa de sus fórmulas operativas (que han suspendido, restringido o entrampado procesos habituales, entre ellos el oportuno pago de aportaciones a estudiantes en el extranjero).

Esa tensión acumulada encontró salida inmediata en los puntos relacionados con dos designaciones administrativas difíciles de aceptar: nombró como subdirector de Comunicación a un joven que no ha terminado ni la mitad de los semestres de una licenciatura y, como subdirectora de Asuntos de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a una especialista en modas.

Ayer mismo, llegado el caso de la modista a la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, de ser cierto el meollo de la polémica, eso significaría el último día de trabajo de la involucrada. El control de daños que se pretendió hacer denota la falta de comunicación en la élite del poder obradorista. El propio político tabasqueño dijo que él tenía información de que las cosas no eran así. Luego, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que Edith Arrieta Meza nunca había sido ni era subdirectora del Conacyt, pero por una extraña razón hizo su declaración patrimonial sin tener actualmente un cargo en la administración.

Más tarde, el Conacyt informó que la colaboración de la licenciada Arrieta con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) hasta el día de hoy se dio en el contexto de la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola de Ciudad de México; una vez finalizada la función para la cual fue invitada, la relación laboral entre la Lic. Arrieta y Cibiogem ha concluido.

Total: la susodicha licenciada Arrieta fue una especie de ovni en una nómina oficial o un aluxe administrativo, un duende científico. Aunque, en realidad, el tema de esta presunta subdirectora, y del subdirector de Comunicación, David Alexir Ledesma (con estudios de tercer semestre de una licenciatura), son asuntos menores, aunque escandalosos. Lo grave está en las políticas, los métodos y los prejuicios que están definiendo el actuar de esta tempranamente impugnada administración del humanista Conacyt.

Una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que no tiene validez jurídica la decisión presidencial de someter a un tope las percepciones salariales de miembros del aparato gubernamental nacional. Fue una decisión dividida (tres votos contra dos) y aún será revisada por el pleno de la mencionada Corte, pero, por lo pronto, coloca en un predicamento el postulado andresino de someter a la élite del aparato burocrático a una restricción salarial importante.

Más que pataleos, son paletadas de tierra sobre lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, ahora metido en un brete con las acusaciones hechas por el alcalde Manuel Negrete de que se ha cobrado diezmo a trabajadores de esa demarcación para ser entregado al sol azteca capitalino y a Mauricio Toledo, actual diputado de Ciudad de México y ex delegado de Coyoacán (2012-2015).

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