i, en el acuerdo entre el Gobierno federal y gobernadores de ocho estados para hacer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social (14/12/18), la corrupción heredada justifica la recentralización de servicios y sus patentes riesgos en el Plan IMSS: Bienestar para toda la vida (03/01/19), también la corrupción justifica la ausencia de innovación programática, así como los patentes riesgos de una desnaturalización institucional. Dada la relevancia del instituto, el plan queda muy lejos de las expectativas de real alternancia para estructurar otra política de salud y seguridad social en consonancia con su derechohabiencia, así como de la prioridad de apoyar a los más desfavorecidos, aunque ofrezca caminar hacia un sistema único.

Las tareas concretas del plan apenas muerden tres cuerpos de política del acuerdo: fortalecer y ampliar la cobertura del programa IMSS-Bienestar atender urgencias médicas a cualquier persona sin importar su afiliación o derechohabiencia y vincular trabajadores que pierden sus derechos con el proyecto de atención y medicamentos gratuitos bbjetivos 1 y 3 (O1,3). Mientras que las acciones de realización inmediata sólo repiten atender urgencias.

Además, el plan hace pasar como nuevas actividades rutinarias y de estricto apego normativo: digitalizar trámites, atender quejas, fomentar comunicación con trabajadores-patrones, optimizar fiscalización-cobranza, incorporar medidas de austeridad, profesionalizar personal administrativo y gerencial, monitorear estándares y guías para la calidad médica, mejorar el gasto con indicadores de productividad y satisfacción de los derechohabientes, así como continuar con el Seguro Facultativo de escuelas y universidades (O,3,4,5,6). Mientras que las acciones a 100 días ofrecen siete Jornadas Médicas IMSS-Bienestar, atención a trabajadores eventuales-campo. Y, como acciones del primer semestre 2019: atención continua a pueblos originarios, actualización de cuotas para incorporación voluntaria, publicar tablas de factores mano de obra construcción. Ello confirma que el director Germán Martínez no ha sido cabalmente informado por sus subalternos.

Pero el plan también recarga y exalta tareas-acciones, al primer semestre 2019, de una sola dirección institucional: orientación sobre el Seguro-Salud (Estados Unidos), guarderías seguras (O1,2), plan de estudios del programa internacional (maestría) en discapacidad-derechos humanos, estrategia de desarrollo guarderías-Unicef, constitución de Odimss con Conade, segunda fase de Mi pensión digital, fortalecer vinculación internacional con CISS, OCDE, OMS; desarrollar líneas de trabajo con sector privado y organizaciones de la sociedad civil para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en materia de salud y seguridad social previstos en Agenda 2030. Muchas de éstas acciones corresponden, además, a encuadres políticos del periodo neoliberal. Lo cual reconfirma que el director Martínez no acaba de dominar la complejidad técnica del instituto a su cargo.

Mucho más grave es todo aquello que ignora el plan: ¿cómo fortalecer mecanismos para la atención de personas LGBTTTI, discapacitados y movilidad reducida? ¿Cómo el primer y segundo nivel? ¿Cómo ampliar y rehabilitar infraestructura? ¿Cómo implementar cuidados paliativos? ¿Cómo establecer mecanismos de atención médica telefónica- telemedicina y domiciliaria? ¿Cómo evaluar permanentemente riesgos de corrupción? ¿Cómo superar el déficit de personal? ¿Cómo establecer con SAT-Infonavit mecanismos de recaudación (O1,2,3,4,6). ¿Cómo operará el programa piloto para trabajadoras domésticas (obligatoriedad, financiamiento, beneficios) ofrecido como acción de realización inmediata y el Plan de Inclusión e Igualdad?

Y sobre todo, invocando universalidad, el plan no dice palabra sobre la recarga laboral que recaerá sobre el frente de operación y sus equipos de salud en el contexto de la descapitalización estructural en que se encuentra y sin los mínimos de suficiencia para brindar servicios oportunos. Tampoco alude a los indispensables resultados de la anunciada gran auditoría, rápida y oportuna, ofrecida por Martínez ( La Jornada,07/12/18). Ella deberá estar lista en enero 2019 con el fin de “evitar simulación sindical, vía contratos de protección, o en la entrega de las cuotas obrero-patronales. Esa auditoría aclararía los fantásticos números cosméticos del peñismo (superávits y reservas) para, finalmente, disponer de un cuadro real de las finanzas institucionales, ausente desde principios de la administración foxista de Santiago Levy (2001-05) y perpetuado –por Calderón y Peña– hasta diciembre 2018.

El primer Plan-Martínez no asemeja Bienestar para toda la vida ni el acceso a la salud para los más desfavorecidos, aún.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco