La entrada principal del edificio del Congreso de Ciudad de México fue bloqueada por un grupo de ex trabajadores despedidos en diciembre del órgano legislativo. Los quejosos expusieron que pese a contar con base sus contratos les fueron rescindidos sin motivo aparente.

Los ex empleados amenazaron con no permitir el ingreso de diputados para comenzar el periodo de sesiones si no eran recibidos; exigieron su reinstalación, el pago de salarios y prestaciones retenidas. Para asegurar que nadie entrara colocaron cintas en los pilares y se quedaron en las escalinatas de la entrada principal del inmueble legislativo.

Ante diputados y medios de comunicación que acudieron al recinto de Donceles y Allende exhibieron letreros en los que reclamaban al presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Ruiz, que a trabajadores con 12 años, de base y sindicalizados los despidieron sin respetar la ley.

Recordaron que el actual gobierno capitalino aseguró que ningún trabajador de base sería despedido de manera injustificada y se respetarían sus derechos laborales; no obstante, en el Congreso cometieron una enorme injusticia.

Una mujer exhibía una pancarta en la que expresaba que la despidieron sin mediar justificación y pese a estar embarazada.

Ante los reclamos e imposibilidad de ingresar, la Junta de Coordinación Política atendió a una comisión de inconformes con quienes acordó que revisaría cada uno de los casos de trabajadores despedidos para determinar, con estricto apego a la ley, lo que procede.

Los diputados Ricardo Ruiz, Margarita Saldaña y Jorge Gaviño, integrantes de la junta de las fracciones del PAN y PRD convinieron que al término de la sesión de instalación atenderían a una comisión de quejosos.

Ricardo Ruiz aseguro que si al revisar los expedientes se encuentra alguna injusticia, seremos los primeros en repararla. No se trata de dañar los legítimos derechos laborales de los trabajadores.