n el inaudito, hasta ahora el robo de combustible no es calificado como delito grave, con todo y que significa un creciente daño patrimonial al Estado, forma parte de la enorme telaraña de negocios del crimen organizado y cotidianamente ensancha el hueco financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, por ende, del erario nacional.

Destapada la cloaca huachicolera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta que intencionalmente todos los cabos se mantenían sueltos para que el negocio fuera boyante e impune. Todo tipo de autoridad aportaba lo suyo: funcionarios y trabajadores de Pemex, en particular, y de los tres niveles de gobierno, en general, ministerios públicos, integrantes del aparato de seguridad, del Poder Judicial, empresarios y, por lo visto, los inquilinos de San Lázaro de cuando menos las pasadas seis legislaturas.

Resulta que en los primeros días de diciembre pasado el pleno del Senado de la República aprobó una reforma al artículo 19 constitucional, que añade seis delitos al catálogo –llamémoslo así– de los calificados como graves, de tal suerte que en esos casos la prisión preventiva es inmediata e irrecusable. Y entre ellos aparece el robo de combustible.

Se supone que de allí se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales, pero es la hora en que los inquilinos de San Lázaro no dicen ni pío, con todo y que el asunto del huachicol ha ocupado, permanentemente desde el arranque mismo del año, las primeras planas y espacios de los medios de comunicación, amén del ostentoso problema de abasto de combustible y el enojo ciudadano.

Por ello, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha urgido a los coordinadores parlamentarios en San Lázaro a que avalen los cambios aprobados por el Senado en torno al artículo 19 constitucional, porque en caso contrario los presuntos delincuentes detenidos por huachicoleo enfrentarían su proceso cómodamente en libertad.

Sánchez Cordero subrayó que el Estado mexicano “está confrontando, con todo, el robo de combustible; el Estado mexicano es más fuerte que los intereses que puede haber del huachicol y de la corrupción en este país. Se está imponiendo contra el robo de combustible, y vamos hacia un estado de derecho, un verdadero estado democrático de derecho, no una simulación”. La pelota, pues, está en la cancha de los diputados. A ver para cuándo.

Por cierto, en la conferencia mañanera de López Obrador salió a relucir una información que debió divulgarse el mismo día –viernes pasado– en el que el diario estadunidense Wall Street Journal publicó que la importación de gasolina se desplomó desde el inicio del gobierno de AMLO.

Desde entonces, el gobierno debió parar en seco ese borrego, porque fue profusamente esparcido el pasado viernes y utilizado vilmente por no pocos para explicar la carencia de combustible en las gasolineras.

Pero no lo hizo. Sólo hasta ayer, tres días después del borrego, el propio Andrés Manuel informó que México importa más gasolinas en virtud de la crisis petrolera provocada por la reforma energética; desgraciadamente estamos comprando más, porque el ideal sería que no lo hiciéramos si tenemos petróleo; si no compráramos, entonces sí sería una situación muy delicada.

De hecho, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dio el detalle: de diciembre de 2018 a enero del presente año, el promedio de importación de gasolina creció 36.8 por ciento, sólo por Pemex Transformación Industrial.

Y por el lado del rotativo, apuntó: “Es lamentable que un periódico publique información que no obedece a la realidad, y a las pruebas nos remitimos. Ojalá que The Wall Street Journal mañana, cuando les demos la información, aclare que se equivocó; que nos permita el derecho a la réplica”.

Las rebanadas del pastel

La Profeco informa que no tenían combustible dos de cada tres gasolineras revisadas en 11 entidades afectadas por desabasto entre el viernes 11 y el domingo 13 de enero. ¿Dónde se localizan? En estados huachicoleros.

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