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Modifican mecanismo para fijar tope salarial

Diputados corrigen los errores en la Ley Federal de Remuneraciones
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de diciembre de 2018, p. 12

La Cámara de Diputados reformó ayer la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para resolver errores, desfase de nomenclatura e incluso precisar que se considera servidor público a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal, incluidos los órganos autónomos, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, el pleno modificó el mecanismo por el que se pretende fijar el salario máximo para los funcionarios públicos.

En el dictamen, aprobado por 436 votos a favor, se realizaron todos los cambios que no se aceptaron cuando la ley se aprobó en septiembre pasado.

Se especificó que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se incluyen los salarios de los funcionarios y, por tanto, su definición no podía quedar a cargo de un comité.

“Siendo así, no puede pensarse en un esquema para la determinación de la remuneración del Ejecutivo federal con base en elementos objetivos.

Sin duda que esa determinación debe considerar elementos objetivos, pero esa consideración es del todo subjetiva, cuando depende de la decisión que toma un órgano colegiado de naturaleza política, resaltó.

La ley aprobada en septiembre definía que los salarios debían ser fijados por un comité de remuneraciones, que además tendría que fijar una metodología para el cálculo salarial y, esencialmente, fijar la remuneración del Presidente como límite máximo para el resto de los funcionarios públicos.

No obstante, la cámara definió que darle a un comité la facultad de fijar la remuneración total anual del Presidente contraviene la Constitución, en específico el artículo 75, respecto de las atribuciones de la cámara en materia de presupuesto.

Asimismo, se determinó que la remuneración en la administración pública debe basarse en principios de proporcionalidad, igualdad laboral y no discriminación; también se agregó que se considera desvío de recursos públicos el otorgamiento o autorización del pago de una remuneración fuera de los tabuladores.