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Unirán expediente con el de la CNDH

Pérez Dayán analizará recurso de senadores contra baja de salarios
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2018, p. 14

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó al ministro Alberto Pérez Dayán el estudio de la acción de inconstitucionalidad presentada por grupos de senadores contra la Ley Federal de Percepciones y Salarios de los Servidores Públicos. En los próximos días deberá definir si acepta el recurso y si otorga la suspensión solicitada.

Por medio de las listas de notificación, se dio a conocer la determinación en la que instruye que se integre el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad que hacen valer diversas personas que se ostentan como senadores integrantes de la sexagésima cuarta Legislatura del Congreso de la Unión.

Además, pide que se agrupe con el recurso promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que presentó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y el cual fue admitido a trámite por el mismo ministro.

Atento a que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado en este asunto y el controvertido en la diversa acción de inconstitucionalidad 105/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ordena la acumulación de ambos expedientes, agrega el documento.

En este caso, el ministro Pérez Dayán deberá definir si otorga la suspensión solicitada por los senadores de PRI, PAN PRD, Movimiento Ciudadano y legisladores independientes, ya que ello implicaría que se suspenda la entrada en vigor de la legislación que disminuye los sueldos de los altos funcionarios para que no rebasen el del Presidente de la República.

Por separado, la dirigencia nacional del PRD respaldó ayer a sus senadores en la acción de inconstitucionalidad, ya que consideró que la reducción salarial de magistrados y jueces los coloca ante la posibilidad de caer en actos de corrupción. Ángel Ávila, dirigente nacional del sol azteca, destacó que esa legislación va contra la división de poderes, pues se pretende que el Ejecutivo mande sobre el Legislativo en relación con las remuneraciones.

(Con información de Georgina Saldierna)