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Perdió Mexico oportunidad de apegarse a las mejores prácticas mundiales, señalan expertos
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2018, p. 13

México perdió la oportunidad de acogerse a las mejores prácticas internacionales en la primera etapa para elegir al nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló Catalina Botero, miembro del Panel independiente de personas expertas reconocidas mundialmente para evaluar la selección del ministra/o de la SCJN, que desde octubre revisa este proceso; también participan Macarena Sáez y Carlos Ayala.

Con la presentación de la terna –la mañana de ayer– del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proceso no cumplirá a cabalidad con los estándares de ser abierto, participativo, deliberativo y transparente, advirtió.

En entrevista con La Jornada, la especialista –quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa– lamentó que no se hayan seguido las recomendaciones internacionales, como se hace en otros países, debido a que las cortes juegan un papel importante en la consolidación de la democracias, por lo que sus integrantes deben ser independientes.

Evitó dar su opinión sobre los integrantes de la terna (Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá), debido a que al grupo de expertos externos no le corresponde hablar de ellos, sino revisar el proceso.

Lo que nos pidió la sociedad civil mexicana fue que hiciéramos recomendaciones sobre las mejores prácticas y los estándares internacionales para los procesos de selección de un ministro de la Corte. Enviamos una carta al gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto) y también se le hizo llegar al actual; advertíamos que las mejores prácticas deben apostar por un proceso abierto, participativo, deliberativo y transparente.

Señaló que si bien el gobierno no tiene obligación de cumplir con esto, porque no hay una ley que así lo señale, en muchas naciones, como en Colombia, pese a la ausencia de esa norma, se siguen esos procesos y se hace una convocatoria pública para que expertos interesados, académicos y la sociedad puedan desde participar hasta dar sus opiniones.