Algunos, como El Altiplano, están catalogados como centros de máxima seguridad equipados con circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas, detectores de metal, drogas, explosivos, radiocomunicación, sensores de presencia y telefonía; sin embargo, los internos han logrado burlar la seguridad en los penales federales.

De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el sexenio que está por concluir fueron incautados 615 celulares en siete Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso).

El penal con más aseguramientos de aparatos móviles a los internos fue el 5 (en Villa Aldama, Veracruz); de acuerdo con la información, allí localizaron 511 teléfonos entre 2012 y 2018.

En el Cefereso 9 (Ciudad Juárez, Chihuahua) se contabilizaron 92 teléfonos; en el de Puente Grande (Jalisco) siete; en el de El Altiplano, cinco; en el 6 (Tabasco), tres, y en el 11 (Sonora), y 15 (Chiapas) un aparato, cada uno.

Las deficiencias en el sistema penitenciario han sido expuestas en varias ocasiones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tanto a escala federal como estatal y municipal.

En su informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó que en seis de siete reclusorios federales existen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato hacia los reclusos.

Según el diagnóstico, los penales 11 (Sonora), 12 (Guanajuato), 13 (Oaxaca) 14 (Durango) y 15 (Chiapas), así como el centro federal femenil 16 (Morelos), presentaron deficiencias como hacinamiento en dormitorios, comida de mala calidad y falta de agua potable.

Se encontró que la comida para los internos es insuficiente, hay maltrato de elementos de custodia hacia los internos, encierros prolongados en estancias y deficiencias en la supervisión. Además, falta personal médico, de enfermería y carencias en el suministro de medicamentos, falta de actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas y deportivas.

Para el informe, la comisión visitó los penales y los internos manifestaron ser maltratados por el personal de seguridad; en su informe 8/2016, el organismo resaltó que faltan actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas y deportivas; el personal técnico es insuficiente y falta atención médica.

Sin embargo, la crisis en el sistema penitenciario recae en los penales estatales, donde incluso, hay internos relacionados con los cárteles y son catalogados de alta peligrosidad.

Datos de la Comisión Nacional de Seguridad refieren que hay 233 mil 469 personas privadas de su libertad, de las que 188 mil 842 (80.89 por ciento) son por delitos de fuero común y 44 mil 627 (19.11 por ciento) por delitos federales. De acuerdo con la CNDH, las prisiones estatales peor calificadas fueron las de Nayarit (4.37), Guerrero (4.39), Hidalgo (4.62), Quintana Roo (4.69) y Tamaulipas (4.95).