La Auditoría Superior de Ciudad de México (ASCM) tiene de plazo hasta el 20 de noviembre para presentar al Congreso capitalino una segunda propuesta de austeridad para recortar su gasto de 2019, que en primera instancia se indicó sería por 200 millones de pesos.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política y lideresa del grupo parlamentario de Morena, Ernestina Godoy Ramos, señaló que el monto planteado inicialmente por la ASCM es prácticamente la ampliación presupuestal que la extinta Asamblea Legislativa le asignó durante la séptima Legislatura, al pasar de 537 millones 49 mil 343 pesos en 2015 a 745 millones 94 mil 775 este año, por lo que pedimos hacer un esfuerzo más en su programa de austeridad, lo estamos esperando, señaló la legisladora en entrevista.

Explicó que la ASCM inició una restructuración en la que se han disminuido plazas por honorarios, que crecieron sin ser necesarias, tras la renuncia de directivos vinculados a líderes del PAN y PRD.

A pregunta expresa sobre Alberto Mario González López, funcionario a quien trabajadores sindicalizados señalaron que ha asegurado estar protegido por Morena, la legisladora dijo que su partido no protegerá, ni recomendará a nadie para ocupar un cargo: Desde luego que no vamos a hacer lo mismo que se acostumbraba antes.

Trabajadores del órgano fiscalizador auxiliar del Congreso capitalino señalaron que González López, quien fue secretario particular del ex asambleísta René Bejarano, está al frente de la Coordinación de Desarrollo Institucional con un sueldo de 118 mil 744 pesos, y generó una estructura con más de medio centenar de integrantes del grupo político del ex perredista.

Godoy indicó que el titular de la ASCM, David Vega Vera –quien tiene una percepción bruta de 209 mil 827.55 pesos mensuales, que sin impuestos deja un ingreso neto por 143 mil 601.14 pesos– manifestó su disposición a reducir su remuneración.

En la primera propuesta que entregó la ASCM al Congreso capitalino, Vega Vera redujo su ingreso mensual neto a poco menos de 77 mil pesos con el fin de ajustarse a la Constitución local en la que se establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la persona titular de la jefatura de Gobierno.

En agosto pasado renunciaron a sus cargos como directores de Auditoría de cumplimiento C, A y B, Antonio García Bada González, Enrique Arenas Trujillo y Sergio Jesús González Muñoz, respectivamente. El primero es cuñado del dirigente panista Jorge Romero Herrera y los otros dos afines a la expresión Vanguardia Progresista del PRD.

Ascendieron como directoras B y C dos mujeres: María Guadalupe Xolalpa García y Concepción González Anta, como una medida para generar equidad en los cargos de dirección, pero sólo están como encargadas de despacho y no tienen nombramientos formales.