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Plantea diputado de 2 a 12 años de cárcel contra la violencia política de género
 
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de octubre de 2018, p. 33

Al proponer una iniciativa de reforma al Código Penal que duplica la pena por el delito de violencia política de género ejercida por funcionarios de partidos políticos, agrupaciones políticas o candidatos, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México Ricardo Ruiz Suárez dijo que es obligación del Legislativo garantizar la libertad política de las mujeres ante casos paradigmáticos, como el de Coyoacán en las dos elecciones anteriores.

Con la iniciativa, a la que suscribió en su totalidad la bancada de su partido, así como las dos legisladoras del Partido Verde, la sanción mínima para el tipo penal será de dos años y podría alcanzar una máxima de 12.

Ruiz Suárez, quién preside la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a la que se turnó la propuesta, adelantó que en los próximos días, para ya de una vez por todas cerrar la puerta a interpretaciones en los tribunales, se presentará una iniciativa de reforma a la Constitución federal para establecer como causal de nulidad de una elección la violencia política de género.

“Coyoacán, Cuajimalpa y Venustiano Carranza son algunas de las demarcaciones con denuncias constantes, pero el caso paradigmático es el de Coyoacán, que desde la elección anterior hubo violencia probada en contra de la contadora Bertha Luján (candidata de Morena a la jefatura delegacional en 2015).

Posteriormente se ejerció violencia en contra de la candidata María Rojo y se ha tenido una forma errática de interpretar por parte de los tribunales, que nos demuestra que este planteamiento de la igualdad de la mujer, en sus derechos políticos, mientras no estén claramente señalados en la Constitución federal y local van a estar escabulléndose para evitar llegar al fondo de las cosas, señaló.

Recordó que la Constitución local establecía como causal de nulidad de una elección la violencia política de género, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación suprimió el precepto por no estar así previsto en la federal.