En su pliego petitorio, con una decena de exigencias, la Asamblea Interuniversitaria reunida el fin de semana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó impulsar una organización estudiantil nacional que pretenda reconstruir esta sociedad mutilada y que además defienda el derecho humano a la educación.

Dirigido a los tres poderes de la Unión y a los órganos de gobierno de todas las casas de estudio, el documento denuncia que en el país existe un ambiente de profunda violencia social, generado en buena medida por la aplicación radical de las políticas neoliberales que incluyen la privatización de la educación.

Las exigencias del movimiento estudiantil, surgido a raíz de la agresión de grupos porriles contra estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, el pasado 3 de septiembre, se articulan –dice el texto– en los ejes programáticos siguientes: en favor de la democratización de las universidades y la educación pública y gratuita; la seguridad dentro y fuera de las instituciones, y contra las prácticas porriles y violencia de género.

En la última versión del pliego de demandas, tras la asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, el movimiento estudiantil exige que se cree una comisión independiente de las autoridades para desmantelar los grupos de porros y esclarecer el ataque del 3 de septiembre en la explanada de rectoría; restructurar las estrategias de seguridad integral en las instituciones de educación superior y bachillerato, así como que haya una elección democrática en las universidades y eliminar las estructuras autoritarias de gobierno.

Otras demandas son el reconocimiento de instancias resolutivas con perspectivas de género, tripartitas e independientes que se encarguen de prevenir, atender y sancionar los casos de violencia de género; garantizar la gratuidad al impartir la educación en todos los niveles; aumento al presupuesto a la enseñanza y entrega de recursos para el rescate de las universidades públicas en quiebra.

También, la abrogación inmediata de la reforma educativa y del nuevo modelo de enseñanza, así como la inclusión de la comunidad estudiantil y docente en la creación, diseño e implementación de los planes y programas de estudio.

El pliego estudiantil concluye con las exigencias de verdad y justicia en los casos de violencia de género, asesinatos, feminicidios y desapariciones ocurridos contra miembros de las instituciones de educación superior y bachillerato, además de respeto a la libertad de expresión y que haya garantía de que no habrá represalias contra comunidad.

El documento fue concluido tras largas horas de debate, durante la tercera sesión de la Asamblea Interuniversitaria del pasado viernes, sábado y domingo, en el auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la máxima casa de estudios del país.

En ella participaron entre 34 y 40 asambleas representativas, es decir, cerca de la mitad de las que acudieron a la primera, hace casi tres semanas.