En un hecho inédito, un órgano del Estado mexicano afirmó que la matanza y represión sufrida por el movimiento estudiantil del 68 se trató de un crimen de Estado que es necesario reconocer abiertamente.

Al participar en el coloquio internacional Ciudadanías en Movimiento M68, realizado en el Centro Cultural Tlatelolco (Ccut), el secretario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, presentó la resolución de lo que constituye la primera reparación colectiva que reconoce una de las páginas más trágicas de la historia reciente de México.

La resolución tiene, como primero de sus cinco puntos, el reconocimiento de que las acciones del gobierno tuvieron una serie de impactos y daños en el ámbito individual, pero también en el colectivo, pues se marcó la identidad de los manifestantes al señalarlos por su ideología, lo cual generó una polarización social en torno al movimiento estudiantil cuyos integrantes siguen demandando acceso pleno a la verdad, a la memoria y la justicia.

Otra de las acciones es una amplia recopilación de documentos en formato digital, integrada por decenas de acervos públicos y privados que darán cuenta de los distintos ciclos de movilización social que, desde la década de los 60 hasta la fecha, han contribuido al reconocimiento de derechos en México.

Una más, como reparación simbólica colectiva, es la intervención Tlatelolco 68-18: Monumento a la ausencia, mediante el cual se prevé que el piso central del Ccut se vuelva a hacer con cemento, para imprimir en él 400 pares de huellas, en un proyecto de la artista Yael Bartana.

La resolución incorpora el pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción de carácter colectivo no condicionan, ni extinguen, el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación integral del daño a título individual.

Es la primera ocasión en que una instancia oficial reconoce la responsabilidad del Estado mexicano en esos hechos. Fue un crimen de Estado el empleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un crimen de Estado que continuó más allá del 2 de octubre en Tlatelolco, mediante detenciones arbitrarias y tortura, dijo el funcionario federal.