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Nosotros ya no somos los mismos

Envenenamiento en Chiapas // Profepa no investiga rápido // Esos abogados de la UNAM

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▲ Toneladas de basura son sacadas del parque nacional Cañón del Sumidero para que ahora se instale cerca una planta de incineración de material RPBI.Foto Notimex
E

l comité de vecinos del fraccionamiento Don Ventura y autoridades ejidales de varias colonias de San Fernando, Chiapas (a 10 minutos de la capital), me plantean: estamos seguros de que mucho más allá de lo que acontece en su tierra, no desoirá el gravísimo problema que padecemos. Se trata de la instalación por la empresa Logística de Transportación y Comercialización JB SA de CV de una planta/horno para tratamiento e incineración de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) que causa intensa contaminación y afecta suelo, subsuelo y atmósfera de la zona.

En las instalaciones de esa letal empresa almacenan e incineran sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, residuos patológicos, objetos punzocortantes, medicamentos caducos (sólidos y líquidos), materiales impregnados con hidrocarburos, además de desactivación de aguas de lavado de placas para rayos X, mastografías y tomografías. En las comunidades viven más de 12 mil personas que forman parte de la reserva natural Villa Allende, área de amortiguamiento para el parque nacional Cañón del Sumidero, y también área natural protegida. Pese a eso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue omisa inicialmente y ahora demasiado lenta en proceder conforme lo marca la ley.

Varios vecinos han sufrido los efectos nocivos de la contaminación generada por esta planta/horno. Muchos menores han tenido dificultades para respirar, mientras que los adultos padecen irritaciones en membranas (ojos y nariz), así como en la piel. Otros refieren enfermedades estomacales generadas por contaminantes en mantos freáticos. Este basurero tóxico fue denunciado ante la delegación de la Profepa por los ejidatarios y vecinos afectados, pero la dependencia desestimó los hechos y ahora alega que apenas investiga las evidentes violaciones a diversos ordenamientos legales que se le imputan a la llamada logística de transportación y comercialización. Además, como suele decirse en las indagaciones policiacas, si no hay cadáver ¿cómo se puede acusar a alguien de homicida? Y, ciertamente, hasta hoy los terribles e innegables daños producidos a los seres humanos que habitan la zona no han producido un desenlace fatal. Argumento incontrovertible frente a funcionarios que son seguidores fieles de la doctrina universalmente conocida como muerto el niño, tapado el pozo. Afortunadamente no es mucho el tiempo que les queda para cultivando lenidad y lucro.

Sugerencia: renovar la denuncia contra la empresa y emplazar a la Profepa para que en tiempo perentorio, a la brevedad posible, rindan públicamente los resultados de la investigación para que los lugareños puedan alegar lo que a sus intereses convenga. Agotar, pruebas y peritajes con toda celeridad y lograr que, en este sexenio se rinda un fallo plenamente apegado a derecho, que es una forma de expresar, sin tapujos, que se protegerá no sólo a las familias sino a la región misma, en la que deberán surgir nuevas familias en un medio que les permita su desarrollo personal y comunal, en un ambiente no envenenado, no condenado a la enfermedad, a la constante vulnerabilidad y a la vida raquítica y breve.

De todas maneras, por si las dudas, no olvidemos los nombres de los actuales funcionarios y, ¡Dios no lo quiera!, mañana presuntos responsables. Estoy seguro que doña Josefa González Blanco Ortiz Mena agradecerá, a partir del primero de diciembre, que le obviemos trabajo para iniciar sus responsabilidades aplicando la ley.

¡Cómo no te voy a querer!: mi más sentido alegato, reclamo y razonadas imprecaciones, a todos los que estúpida y dolosamente han interferido en las investigaciones de lo sucedido en la UNAM. La autoridad universitaria y todos sus abogados que no formalizaron en tiempo y forma las denuncias de ley. A los funcionarios de las procuradurías que con profunda estolidez y cretinismo franquearon la puerta a dos adolescentes de 27 y 33 años que, sin explicación alguna, estaban en la escena del delito, en el momento preciso, tenían evidente interés en los acontecimientos y contaban con los recursos e instrumentos para poder llevar a cabo sus fechorías. Ellos no son menos culpables que los encapuchados. Pero lo más importante: ¿a quiénes corresponden las sucias manos que mueven la cuna del terrorismo y la desestabilización? Por cierto: qué raro que a nadie se le haya ocurrido la idea de sesionar en el Che Guevara. Yo no sé qué hubiera opinado en ese momento, pero el momento era la gran oportunidad. Hablemos de esto.

Twitter: @ortiztejeda