a agresión que el pasado lunes 3 perpetró un puñado de porros contra estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Azcapotzalco frente al edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no dejó como resultado sólo una oscura interrogante en torno a los propósitos que persiguen esa clase de grupos violentos y un deplorable saldo de lesionados. Evidenció también, a posteriori, que las partes involucradas desde el punto de vista institucional –es decir, la propia UNAM, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX) y la Procuraduría General de la República (PGR), estas dos últimas en calidad de dependencias encargadas de investigar e impartir justicia– no dieron, al menos en primera instancia, los pasos necesarios para que el incidente se aclare dentro de lo que marcan las disposiciones legales y los culpables sean debidamente identificados y sancionados con apego a derecho.
Pocas horas después del ataque, la PGJ de la ciudad informó que había iniciado, de oficio, una indagatoria tendiente a esclarecer los hechos, habida cuenta de que estos habían dejado, al menos, media docena de personas con heridas de distinto tipo y magnitud. Sin embargo, más tarde anunció que declinaría la investigación correspondiente en favor de la PGR, por entender que el espacio donde tuvo lugar la acometida porril (es decir, las instalaciones de CU) le daba a dicha investigación un carácter federal. En consecuencia, puso a disposición de esa instancia la información recabada sobre la agresión, que incluía imágenes capturadas por medio de las cámaras del sistema de monitoreo y vigilancia conocido como C5, las cuales ayudarían a visualizar aspectos de la refriega y del desplazamiento de los atacantes.
Tras las consabidas expresiones de repudio por parte de la UNAM (y de un gran número de personas y organizaciones públicas, privadas y sociales) así como la expulsión de 18 estudiantes que, según las autoridades universitarias, estaban envueltos en el suceso, elementos de la Policía Federal detuvieron a dos jóvenes que presuntamente aparecían en los videos del zafarrancho, estaban identificados como porros, aun cuando no se encontraban entre los 18 expulsados, y serían remitidos a la Procuraduría capitalina. Con esa información –brindada el viernes por el propio titular de Gobernación, Alfonso Navarrete– el curso de las indagaciones parecía deslizarse por cauces previsibles y orientados a aclarar los hechos de la explanada.
Sin embargo no fue así. La PGR devolvió la investigación a su homóloga de la ciudad (por no encontrar, para intervenir, motivos legales, como la existencia de delincuencia organizada o daño patrimonial a la universidad); la PGJCDMX dejó en libertad a los detenidos (argumentando que no habían sido capturados en flagrancia, es decir durante la comisión del delito), y la UNAM se mostró consternada por el giro de los acontecimientos, aun cuando en su momento no tomara la previsión de fincar una denuncia concreta contra los aprehendidos/liberados. No había entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ninguna razón válida para que éstos permanecieran recluidos, aun cuando teóricamente podrían haber sido detenidos algunas horas más.
A la fecha, el escándalo mediático supera con mucho al avance de las investigaciones y la bruma en torno a la agresión es tan densa como lo fue en otras muchas apariciones del porrismo, cuyos orígenes e intenciones últimas nunca fueron claramente desentrañadas. Y entre tanto apresuramiento queda la duda de si con la excarcelación de los detenidos (legal, porque no había denuncias interpuestas contra ellos ni pruebas contundentes de su participación) no habrán quedado en libertad auténticos responsables del confuso percance en Ciudad Universitaria.
