ual si superara el estupor inicial y las buenas y obligadas formas políticas, el aún Presidente de la República ya comienza a ejercer su autodefensa, lo que marca el real inicio del proceso de transición. Las señales no guardan relación con el terciopelo y menos aún con la mal llamada luna de miel, cuyo orden tradicional ha sido posterior a un matrimonio y no a la inversa, como señaló el muy cuestionable personaje del futuro gobierno Alfonso Romo, respecto de los empresarios cuyos intereses representa.

Una de las primeras reacciones pe­ñis­tas la observamos al defender su re­­­forma punitiva laboral, mal llamada re­­forma educativa, frente al anuncio del presidente electo de que ésta cambiaría, cuidando no pronunciar el concepto de abrogación, que ha demandado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También ha defendido, por sí o por los sectores interesados, la continuidad de la megaobra del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), postura que ya no guarda enfrentamiento con el próximo gobierno, como sucedió en tiempos de campaña, pues ahora abrió la puerta de la consulta, cuyo propósito y metodología ameritan un seguimiento aparte.

La energética, madre de todas las reformas peñistas, es por supuesto defendida, enfatizando la suma de inversio­nes comprometidas, en un tono que elude confrontación con el presidente electo. Si lo es sólo para quienes nos hemos opuesto a ellas desde su aprobación, pues las declaraciones desde el próximo gobierno son abiertamente limitadas. Se revisarán las concesiones, han dicho; es decir, los efectos de la reforma energética; de entrada todas están amparadas en la Constitución y la ley, no se ofrece, en cambio, promover ante el Congreso su derogación o modificación. Aun cuando ha defendido en estos días que en la nueva versión del tratado de libre comercio se consigne que México mantiene la soberanía nacional sobre los recursos naturales, la cual quedó en entredicho con la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto que abrió la facultad de ejercerla para otorgar concesiones al capital trasnacional.

Junto a todo ello, en materia de derechos humanos el gobierno de Peña Nieto dejó al lado la retórica del terciopelo en su último Informe de gobierno, encontró que su mejor defensa es la de reiterar el aval a la llamada verdad histórica en el emblemático caso Ayot­zinapa frente a la postura clara de que será reorientada la investigación por el próximo gobierno. Señaló: La in­vestigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 estudiantes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero, fue necesario incluso abrir las pesquisas a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta conociera lo hecho por la PGR. Yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó.

No importó que la versión oficial ha sido cuestionada por instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en especial mediante el informe Doble injusticia, en que se documentó que de parte oficial practicaron tortura para obtener confesiones. Todo ello se reafirmó con la sentencia del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas. La reacción contra Peña Nieto era de esperarse, tanto de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos como del Centro Pro de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, que la calificó, de negligente e indolente.

Fue el anticipo ante el balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH que señala las tareas pendientes. En este tema, el abandono del demagógico terciopelo es recíproco. El equipo del presidente electo está en contacto con integrantes del GIEI para analizar su retorno al país y replantear sus pesquisas. Otra respuesta es el anuncio personal del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respecto de que el próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, recibirá a los padres de estos jóvenes de Ayotzinapa. Sería deseable que ese encuentro se realice en la escuela normal, que no fue visitada por el aún Presidente de la República.

Los próximos tres meses seguirán las señales de confrontación y/o de continuidad. Tendrán desenlaces en temas candentes, como el NAICM, deberán conocerse los compromisos que ya dejó establecidos y firmados el gobierno que entrega. Se harán visibles los desafíos y limitaciones del nuevo gobierno, expresados en políticas y propuestas legislativas. Ya haremos el balance.