A pesar de que han pasado más de cuatro años de los hechos ocurridos en Tlatlaya, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones graves a las garantías básicas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha unificado la investigación.

Un expediente militar, importante para la pesquisa, no fue requerido por la dependencia para incorporarlo a la averiguación previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DD MDH/CNDH-1/298/2014.

Se trata del expediente de la causa penal militar 338/2014, radicado en el juzgado sexto militar, en el que se menciona la forma en que se encontraban los 22 cuerpos de los civiles en la bodega del poblado San Pedro Limón, además de contener las imágenes del lugar de los hechos.

Por orden del sexto tribunal unitario del segundo circuito, tres soldados involucrados recobraron su libertad, ya que no se presentaron las pruebas suficientes por parte de la PGR para sustentar los delitos que les imputaba.

Según la PGR, el tribunal desestimó los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público de la Federación; sin embargo, para el órgano encargado de impartir justicia no fueron suficientes en el plan de demostrar su culpabilidad por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación de los hechos.

No obstante, la dependencia tuvo la oportunidad de presentar más pruebas que acreditaran la responsabilidad de los militares; sin embargo, hasta el momento no hay culpables por los hechos pese a que hubo evidencias para considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.

Liberaciones por no permitir hablar con abogados

En octubre de 2015, el juzgado décimo cuarto de distrito de procesos penales federales en el entonces Distrito Federal determinó la libertad de cuatro militares, luego de que la PGR no les permitió, según el juzgador, reunirse con sus abogados.

De acuerdo con la reconstrucción que realizó la PGR, luego del enfrentamiento entre los uniformados con integrantes del crimen organizado, tres militares ingresaron a la bodega, tomaron las armas de los abatidos y les dispararon a por lo menos ocho que seguían vivos.

Sin embargo, en las investigaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se determinó que no fueron ocho sino 12 las personas que ya se habían rendido y fueron privadas de su vida.

El domingo pasado, La Jornada dio a conocer que el juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México pidió a la PGR rencausar el expediente y profundizar la indagatoria en la cadena de mando sobre la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

Lo anterior, luego de otorgar un amparo a Clara Gómez, madre de una de las mujeres que fallecieron en la bodega, por considerar que se violó su derecho de conocer la verdad con una investigación deficiente.