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Protocolo de PGR para desaparición, complejo y extenso, denuncia ONG
 
Periódico La Jornada
Domingo 22 de julio de 2018, p. 11

El protocolo homologado de búsqueda de desaparecidos que dio a conocer hace unos días la Procuraduría General de la República (PGR) cumple diversos aspectos técnico-jurídicos, pero es demasiado complejo y extenso y, por lo tanto incomprensible para los familiares de las víctimas.

Así lo advirtió Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, quien consideró que este hecho evidencia que las autoridades del país siguen mostrando poca sensibilidad y empatía al emitir este documento sólo para decir públicamente que ya cumplieron su trabajo.

En charla con La Jornada, la activista consideró que el protocolo de la PGR –publicado el lunes anterior en el Diario Oficial de la Federación–“en términos generales cumple con su objetivo desde la perspectiva institucional de ‘qué hacer’, pero la parte del ‘cómo’ está totalmente difusa y nebulosa para las familias”.

Explicó que se trata de un documento de casi 180 páginas, repleto de lenguaje técnico y jurídico. Es casi un tratado, y en cada uno de los capítulos va desdoblando el tema de la operatividad, pero no hay necesidad de hacer un texto totalmente incomprensible para las familias y la sociedad civil que las representamos.

Indicó que aunque las organizaciones de familiares de desaparecidos han acumulado gran cantidad de conocimiento y experiencia, no tienen la visión de un abogado o un agente del Ministerio Público, por lo que lo ideal hubiera sido que el documento tuviera una síntesis comentada que explicara con lenguaje accesible cómo deben realizarse las indagatorias.

La desaparición no es una tragedia acabada, sino que está en constante cambio, y ellos (la PGR) tendrían que hacerlo entendible, insistió.

Otros aspectos que no son del todo satisfactorios, dijo, es que se desliga la búsqueda del desaparecido de la investigación sobre los posibles responsables del delito, y en muchos aspectos se utiliza en lenguaje muy ambiguo para describir la labor de las autoridades, en vez de hablar de acciones obligatorias para garantizar derechos.