Por considerar que no hubo una debida ponderación de la gravedad de las faltas ni de los bienes a tutelar, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a su sala especializada replantear el monto de las sanciones impuestas a los ex aspirantes presidenciales independientes por las irregularidades detectadas durante el periodo de recolección de apoyos para obtener la postulación.

Al resolver los recursos interpuestos en contra de la resolución de la sala especializada, que impuso multas de 3 mil 224 pesos a Margarita Zavala; 4 mil a Jaime Rodríguez Calderón y 4 mil 836 a Armando Ríos Piter, los magistrados consideraron inviable la pretensión del Partido Encuentro Social de solicitar que, ante la gravedad de las faltas, debería anularse su candidatura.

Se reivindicó como razón la definitividad de las etapas del proceso electoral –según lo cual, en su momento se otorgó la candidatura a Rodríguez Calderón– para considerar inviable la posibilidad de anular ahora esta postulación.

Las irregularidades

El magistrado Felipe de la Mara explicó que se tuvieron por acreditados dos tipos de irregularidades en las imágenes que acompañaban a los apoyos ciudadanos, que en total se tuvieron por acreditados respaldos inválidos, y desglosa:

Jaime Rodríguez Calderón, simulación por 157 mil 74 apoyos; con fotocopia, 198 mil 633. Armando Ríos Piter, por simulación 811 mil 969 apoyos; en fotocopia, 88 mil 183. Margarita Zavala, simulación de 430, y en fotocopias, 212 mil 198.

Si bien dijo que era improcedente anular la candidatura de Rodríguez Calderón, efectivamente la sala especializada no había realizado una ponderación adecuada entre los diversos bienes que se tutelan. Y en ese sentido es que consideramos que debe revocarse la sanción correspondiente para que se realice una ponderación por parte de la sala especializada.

La magistrada presidenta, Janine Otálora, sostuvo que las sanciones tienen una naturaleza preventiva y no retributiva, “por lo que deben ser adecuadas, proporcionales y eficaces. Este ajuste a la sanción obedece a un señalamiento judicial de la gravedad de este tipo de simulaciones –de calificarla de grave a grave especial– y sentar un precedente de la forma en que debe reaccionar el derecho frente a estos actos.

Es una obligación de quienes aspiran a una candidatura independiente responsabilizarse de las actividades que realicen quienes los auxilian a recabar apoyos. Las finalidades del régimen sancionador en este tipo de asuntos es el de generar un efecto inhibitorio.