oberto Ramírez de la Parra preside la Comisión Nacional del Agua. Antes fue subdirector jurídico de la misma. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría en Business Administration por la Universidad de Phoenix, Estados Unidos.

Como muchos otros funcionarios de este sexenio, proviene del estado de México. Sin restarle méritos académicos y profesionales a don Roberto, a la hora de defender a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, confunde la gimnasia con la magnesia. Y lo anterior, a propósito de las críticas que se hacen a los 10 decretos presidenciales sobre el agua, emitidos el pasado 5 de junio.

Para don Roberto, todo se reduce a mentiras con un claro interés de carácter político-electoral. Y asegura que ya saben quién es el que está llevando a cabo este tipo de ataques.

Sin embargo, ya saben quién, apenas de pasada, y muy a la ligera, ha criticado la decena de decretos que eliminan la protección sobre las 300 principales cuencas hídricas del país y, en la práctica, abre la posibilidad de que se concesione a intereses privados el uso de tan preciado líquido, destacadamente para la minería y la extracción de gas con la técnica de la fractura hidráulica ( fracking), muy cuestionado en todo el mundo por sus nocivos efectos en la gente y el medio ambiente.

Son diversas las organizaciones y los especialistas que cuestionan el contenido de dichos decretos y los alcances que tienen, si no se modifican de raíz.

También tienen sus defensores, como el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) organización internacional que goza de prestigio y sostiene que el nuevo andamiaje legal representa una visión de futuro y sustentabilidad para las cuencas al establecer reservas de agua para surtir del vital elemento a las poblaciones y a la naturaleza los próximos 50 años. Además, afirma, evitará la sobrexplotación de los acuíferos, la escasez y la contaminación de los mismos.

Muy diferente opinan las organizaciones que luchan por la conservación de los recursos naturales y que el desarrollo del país se logre sin deteriorar el ambiente. Refieren, por ejemplo, que esos 10 decretos se elaboraron ignorando la mejor información científica disponible, se dirigen a favorecer actividades para nada amigables con la naturaleza y dan pie al acaparamiento del líquido por parte de entes privados.

Uno de los cuestionamientos más uná­nimes y sólidos es que no se tuvo en cuenta a los pueblos indígenas, que serían afectados en sus derechos, su autonomía y los territorios donde viven. Ignorar esto originaría graves problemas políticos, sociales y ­económicos.

Aunque las instancias oficiales insisten en que el agua no se va a privatizar y se conservará como un bien nacional, surgen las dudas al entrar en el terreno de las concesiones a ­particulares.

Destacadamente para favorecer a las empresas mineras y a las que desean imponer la técnica del fracking en diversas partes del territorio nacional. Tanto más grave cuando se registran severos desajustes en el uso y conservación del agua y que existe un enorme déficit en el campo de su tratamiento y reutilización para diversas actividades.

Es un hecho la sobrexplotación de los acuíferos más importantes y el mejor ejemplo lo ofrece la megaurbe que conforman Ciudad de México y decenas de municipios de los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. También en la de Guadalajara, Monterrey, León y Puebla.

No menos preocupante es lo que sucede en la región fronteriza con Estados Unidos, que crece en habitantes y actividades económicas, pero dispone de poco líquido.

Un ejemplo de lo que ocurrirá al permitir que el sector privado explote, use y comercialice el agua se tiene en Veracruz, donde las autoridades de 10 municipios decidieron no dar permisos para la explotación minera. No por indicaciones de ya sabes quién, sino para proteger sus recursos naturales, muy destacadamente, el agua. Y proteger su calidad de vida. Esa resistencia se observa en otras entidades del país y expresa la firme decisión de las poblaciones que pueden ser afectadas por los decretos citados de defender un bien público, y hacer efectivo el derecho constitucional a contar con agua suficiente y de buena calidad.