La corrupción e impunidad con que actúan los grandes consorcios mineros en México permite que sus emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua y la tierra sea mucho más elevada que en Estados Unidos y Canadá, lo cual también es resultado del control corporativo que ejercen las grandes empresas mineras sobre el gobierno, señaló María Colín, de Greenpeace México.

Luego que el informe Emisiones y Transferencias de Contaminantes de América del Norte revelara que México reporta menos contaminantes de su industria minera que sus vecinos comerciales, la especialista señaló que los pasivos ambientales generados por la industria minera han propiciado violaciones a derechos fundamentales, pero también daños irreversibles a la salud, los ecosistemas y la producción de alimentos.

Los impactos que genera la minería son gravísimos, en particular sus afectaciones a las comunidades y pueblos indígenas. Las sustancias tóxicas que requieren para la explotación de minerales y las que se generan durante el proceso han provocado distintas emergencias ambientales.

Agrupaciones como la Red de Afectados por la Minería (Rema), dijo, han documentado múltiples violaciones a la normatividad ambiental, la cual es letra muerta. Tenemos mucha legislación, pero en los hechos no se cumple, a lo que se suma que tampoco existe un esquema de reparación del daño.

Por ello, consideró que los grandes consorcios mineros, principalmente canadienses, pero también nacionales, como Grupo México, y casos como los de la Minera San Javier, en San Luis Potosí, representan sucesos emblemáticos de impunidad, donde no se ha aplicado el marco legal vigente.

En tanto, diversas organizaciones campesinas e indígenas, a través de la Rema, han denunciado diversos proyectos para la instalación de explotaciones mineras en entornos ambientales que ponen en riesgo lagunas, zonas pesqueras, bosques y cultivos.

Es el caso de los integrantes de la cooperativa pesquera de Puerto Chale, en Baja California Sur, quienes apenas en abril expresaron su rechazo a la autorización de la mina submarina Don Diego, promovida por Exploraciones Oceánicas, filial de Odyssey Marine Exploration, luego que un juez ordenara a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dictaminar nuevamente la resolución negativa que emitió hace dos años.

En un comunicado los pescadores arguyeron que se pone en riesgo el ecosistema pesquero y sus recursos naturales en el Golfo de Ulloa, habitat de la tortuga marina. Se trata de un proyecto en el que se busca extraer del fondo del mar 350 millones de arenas fosfáticas.

Los casos en que se han documentado las afectaciones generadas por la contaminación que produce la industria minera “son muchos, pero se mantiene un control corporativo terrible de las autoridades.