Madrid.

Después de permanecer 15 horas en la cárcel de Alcalá Meco, a 600 kilómetros de su ciudad de residencia, Barcelona, la ex presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, salió ayer en libertad tras pagar la fianza de 150 mil euros (unos 3 millones 400 mil pesos) impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llaneras. No habló con los medios, simplemente abordó su vehículo, pero sí se expresó en las redes sociales: Vuelvo a casa con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlamento, sede de la soberanía nacional.

Forcadell respondió a las críticas recibidas en horas recientes por haber admitido ante el magistrado español que la declaración de independencia había sido un gesto simbólico o político. También se acordó de sus compañeros presos: No os olvidamos, os queremos libres, en casa, con vuestras familias. Estamos con vosotros.

El diputado Nuet fue el único que habló ante los medios para defender a Forcadell. Expresó que en ningún momento traicionó nada. Su dignidad fue absoluta. Ni se han arrodillado ni han traicionado sus ideales. Añadió: Decir esto no es engañar a la gente. Ellos no lo hicieron. Nunca lo han hecho. No son traidores. ¿Cómo se puede decir eso de Forcadell? Se lo han jugado todo en esto. Todo. Pido que se valore a todos por los esfuerzos que han hecho.

Mientras el gobierno español habló por conducto de su vocero, Íñigo Méndez de Vigo, quien se felicitó por lo declarado ayer por Forcadell: La vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad. Así que me parece muy bien esa declaración de que no van a hacer nada, ni a presente ni a futuro, que suponga una alteración del orden constitucional.

Interrogatorio de 11 horas

La independentista compareció ante el Tribunal Supremo por los delitos que se le imputan, entre ellos rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por lo que podría tener una condena de hasta 50 años de cárcel. Al igual que sus compañeros en la Mesa del Parlamento, cuatro diputados independentistas y uno que pertenece a la marca electoral de Podemos en Cataluña, respondieron durante 11 horas al interrogatorio de la Fiscalía, el propio Llaneras y sus abogados, en el que se mostraron con voluntad de colaborar.

El juez asumió la querella presentada por la Fiscalía española por los hechos que ocurrieron el pasado 27 de octubre, cuando el Parlamento catalán celebró una sesión que entonces se dijo histórica, en la que 70 diputados independentistas votaron en favor de la declaración unilateral de independencia.

La propuesta fue presentada por el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, quien actualmente se encuentra refugiado en Bruselas, con el propósito de cumplir su promesa de que el resultado del referendo del primero de octubre, en el que más de 2 millones de personas votaron en favor de la secesión se hiciera realidad. Sin embargo, tanto la declaración de independencia como el propio gobierno y el Parlamento fueron anulados y cesados de forma fulminante por el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que nunca antes se había ejercido desde su aprobación, en 1978.

Forcadell, por su condición de presidenta del Congreso y su papel protagonista en la sesión de declaración unilateral, en la que ella leyó la resolución, tuvo que pagar una fianza mayor, de 150 mil euros, mientras cuatro de los diputados citados a declarar, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó, sólo tuvieron que abonar, cada uno, 25 mil. Nuet –de Cataluña sí que es Pot (Podemos)– fue puesto en libertad y con la única medida cautelar de no salir del país y comparecer ante una comisaría cada semana, al estar abierto el proceso por delitos que contemplan penas tan graves.

El cerco de la justicia española al movimiento independentista tiene actualmente un saldo de 10 personas detenidas, entre ellas ocho miembros del gobierno catalán cesado, incluido su vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras; dos líderes sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, quienes además eran los presidentes de las plataformas soberanistas que han movilizado a sus simpatizantes en los últimos años, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Puigdemont y cuatro consejeros más se encuentran inmersos en un proceso judicial de entrega en Bélgica, donde la justicia tendrá que decidir si cumple con la petición hecha por la Audiencia Nacional española para juzgarle por los mismos delitos.

Además de estos miembros del gobierno también se abrió el sumario contra integrantes de la Mesa del Parlamento, que aunque están en libertad tendrán que enfrentar un juicio por el que podrían ser condenados a 50 años.

Mientras, de cara a los comicios del próximo 21 de diciembre, dos diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP, la coalición anticapitalista y feminista), Anna Gabriel y Benet Salellas, viajaron a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont, quien intenta, desesperado, convencer al bloque soberanista de concurrir a los comicios con una lista unitaria que él presidiría, como ofreció hace unos días. Pero ni ERC ni la CUP están dispuestos, en parte por la franca caída en los sondeos de la formación de Puigdemont, el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT, antigua Convergencia).

Precisamente en el terreno electoral, el Partido Socialista de Cataluña incorporó en horas recientes a dos personajes de enorme influencia en la región: el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo –quien militó meses en Podemos, pero abandonó el partido desencantado por el férreo control que imponía su líder Pablo Iglesias– y el dirigente de la nueva formación política Unidos para Avanzar, Ramón Espadaler, quien siempre ha militado en el soberanismo catalán, pero ahora intenta buscar, junto con el líder socialista Miquel Iceta, una salida negociada a la encrucijada catalana.