La Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una investigación por irregularidades graves en el proceso para otorgar, en enero de 2015, un contrato para el arrendamiento por 48 meses de mil 73 vehículos, lo que implicará un presunto daño patrimonial por 122 millones de pesos.

La Dirección Ejecutiva de Administración declaró desiertas dos licitaciones en las que la empresa Jet Van Car Rental ofrecía un precio mensual de 14.2 millones de pesos, y le otorgó el contrato en una tercera licitación, donde el precio aumentó a 16.7 millones.

De acuerdo con el desventajoso contrato de 48 meses que acordó el INE, el monto total, de acuerdo al precio original que Jet Van Car Rental había entregado en las dos primeras licitaciones era de 684 millones 326 mil pesos por cuatro años, mismos que la Dirección Ejecutiva de Administración consideró desiertas y sin embargo otorgó una tercera licitación donde el precio total ascendía a 806 millones 391 mil pesos, según consta en los documentos que se encuentran en el Portal de Obligaciones de Transparencia del INE.

Posible causa penal

Conforme al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el área de auditorías presentó una denuncia de hechos ante a Subcontraloría de Asuntos Jurídicos para que se investiguen las responsabilidades administrativas que podrían derivar en una causa penal.

Para dimensionar el monto del dispendio en este contrato, en días pasados se desató una polémica en el INE porque el organismo delegó la contratación de capacitadores y supervisores para los 30 comicios locales de 2018, con el objeto de ahorrarse 200 millones de pesos, en una decisión que algunos partidos consideraron pondrá en riesgo una etapa clave de esos comicios, pero se impuso la decisión del ‘‘ahorro presupuestal’’.

En entrevista, el contralor general del instituto, Gregorio Guerrero, señaló que en este proceso de licitación se encontraron diversas irregularidades, entre ellas ‘‘la ausencia de un estudio de factibilidad que justificara la conveniencia de arrendar vehículos por encima de adquirirlos’’, a partir de una ‘‘una detección de necesidades y requerimientos’’.

A lo largo del procedimiento, la Dirección Ejecutiva de Administración realizó ‘‘investigaciones de mercado’’ sobre la base de arrendar primero 201 unidades, después 55 y finalmente 817, pero en ningún caso sobre mil 96. ‘‘En ninguna de las referidas investigaciones de mercado se consideró el arrendamiento de mil 96 (vehículos) agrupados en una sola partida, es decir, no se cumplió lo dispuesto en la norma que exige acreditar la existencia de cinco provedores que puedan cumplir integralmente con el total del contrato cuando se pretende agrupar en una sola partida’’.

Consecuencia de ello, la Dirección de Administración realizó la convocatoria a las licitaciones por un total de mil 96 unidades en una sola partida, lo que implica que el INE suscribiera un contrato más costoso que si se hubiera optado por licitar el arrendamiento de los vehículos en partes. Guerrero sólo mencionó que se detectaron irregularidades en cuanto al monto del contrato.

Conforme al acta de la segunda licitación de la Dirección de Administración para licitar el ‘‘servicio integral para arrendar y administrar el parque vehicular que requiere el INE 2014-2018’’, celebrada el 6 de enero 2015, participaron tres empresas: Jet Car Rental SA de CV, que ofertó 14.2 millones por mes, lo que arrojaba un total de 684.3 millones en los 48 meses del contrato; Lumo Financiera del Centro, que propuso 16.1 millones, e Integra Arrenda, que planteó 16.9 millones de pesos.

La licitación se declaró desierta y se convocó a una nueva el 23 de enero de 2015, donde el escenario fue aún más desventajoso para el Instituto Nacional Electoral, pero pese al incremento en el costo de 17.8 por ciento en un periodo de 18 días, se otorgó el contrato.

En esta licitación, Jet Van Car Rental ofertó 16.7 millones de pesos al mes, 2.5 millones más que en la anterior y obtuvo el contrato; Integra Arrenda redujo su propuesta a 16.8 millones, y Casanova Rent Volks presentó 17.4 millones de pesos.

A pesar de incrementar su costo, la empresa ganadora de la licitación incumplió algunas cláusulas, por lo que el INE impuso dos sanciones, que ascienden a 1.6 millones de pesos.