Guadalajara, Jal.

El Congreso de Jalisco aprobó reformas a varios artículos de la Constitución estatal; sin embargo, sentó bases endebles para el Sistema Estatal Anticorrupción, pues los poderes Ejecutivo y Legislativo seguirán siendo los primeros en nombrar a los fiscales en combate a la corrupción y general del estado, así como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del estado y las contralorías.

Aunque se aprobó crear un comité de participación social para dar seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción, sólo podrá intervenir en el nombramiento del fiscal en la materia.

Los diputados coincidieron en que el Sistema Anticorrupción sea la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

Sobre la fiscalización de los fondos, parte medular del sistema, la elección del auditor del estado se hará a partir de una terna que presente el gobernador al Congreso local, por un periodo de ocho años y será relecto una vez.

Quien aspire a ocupar las fiscalías General del estado y la Anticorrupción deberá cumplir con los mismos requisitos estipulados para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, aprobar los exámenes de control de confianza, con permanencia en el cargo de siete años sin posibilidad de relección.

Se estableció que para definir al titular de la Fiscalía General del Estado, el gobernador enviará una terna al Congreso estatal y se requerirá el voto en favor de al menos las dos terceras partes de los diputados.

Para elegir al fiscal especializado en combate a la corrupción también sera necesaria una propuesta del Ejecutivo estatal, con el punto de vista del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción.

Además se aprobó que tanto el fiscal general como el especializado estarán en el cargo por ocho años; los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán cinco, seis y siete años en forma escalonada, y los cinco integrantes del Comité de Participación Social por uno, dos, tres, cuatro y cinco años.

La reforma permite que el Tribunal de Justicia Administrativa se constituya como organismo público autónomo, imponga sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas consideradas graves, y a particulares que participen en actos de corrupción.

El referido tribunal impondrá sanciones económicas que la ley determine a particulares vinculados a faltas administrativas graves, y podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva.