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Piden penalizar a padres o tutores que obligan a menores de edad a trabajar

La mitad de los niños que laboran en la capital provienen del estado de México

Llama la CDHDF a crear un sistema de información de infancias discriminadas

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Un niño vende congeladas en un crucero de la avenida 3-A, en la colonia Santa Rosa, delegacion Gustavo A. MaderoFoto Francisco Olvera
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de junio de 2017, p. 31

La necesidad económica no sólo ha orillado a 70 mil niños a trabajar en la informalidad en la Ciudad de México, sino también la comodidad de los padres al beneficiarse del dinero que obtienen, o el descuido que origina que ni siquiera se enteren de las actividades que realizan sus hijos, señalaron autoridades capitalinas y legisladores federales.

En la segunda jornada lúdica en el Bosque de Chapultepec, con motivo del Día Mundial del Trabajo Infantil, señalaron que esa situación ha generado un círculo de pobreza, pues al ganar unas monedas, los niños abandonan la escuela, así como sus intentos de superación, y quedan condenados a sobrevivir.

La mitad de los niños que laboran como limpiaparabrisas o en algún crucero, en el Metro, en el ambulantaje o en la Central de Abasto, como carreterilleros, provienen principalmente del estado de México; mientras la otra mitad habita en las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, lo cual requiere atención prioritaria.

Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo señalaron que hace tres años eran 85 mil menores, y se redujo a 70 mil, equivalentes a 3.6 por ciento del total nacional, donde son 2.5 millones de niños, ubicándonos en el último lugar de la lista, encabezada por Nayarit, Puebla y Colima, por lo que debemos invertir en educación.

La mitad del reto es penalizar a los padres o tutores que obliguen a un niño a trabajar, lo cual se castiga con cuatro años de cárcel; la otra parte es impulsar las escuelas de tiempo completo en el ámbito metropolitano, para evitar que viajen largas jornadas y dejen los estudios, coincidió también en señalar el diputado federal Jesús Valencia.

Para ello, se autorizaron el año pasado 400 millones de pesos, que deben invertirse en los planteles de educación básica, coincidieron en señalar, mientras representantes de la Organización Internacional del Trabajo recordaron que México se ubica entre los 30 países con riesgos catastróficos, que llevan al cierre de escuelas, lo cual debe atenderse.

Por otra parte, pero sobre el mismo tema, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apremió a crear un sistema de información sobre las infancias altamente discriminadas, para identificar su ubicación geográfica, situación familiar, comunitaria y económica; y diseñar e implementar políticas públicas para protegerlas y lograr su reintegración social.

En México, dijo, trabajan ocho de cada 100 niños. De ellos, 14 por ciento tienen entre cinco y 11 años, es decir, no tienen la edad legal para hacerlo; y 53 por ciento además de laborar, estudia y realiza actividades en el hogar.