A una semana del desalojo que realizó personal de la delegación Cuauhtémoc de la población callejera que pernoctaba en La Ciudadela, se desconoce el paradero de 45 jóvenes, por lo cual organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades para que informen de su destino y poder ubicarlos.

En un pronunciamiento conjunto, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, Commenta Diálogo de Saberes, Educación con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, Ednica, El Caracol y la Red por los Derechos de la Infancia en México señalaron que la limpieza social que realiza la delegación Cuauhtémoc es una grave violación a los derechos humanos, que agudiza la condición de indefensión de quienes se ven obligados a vivir en las calles y ponen en riesgo su integridad física con tratos crueles y humillantes.

El retiro forzado que se realizó, indicaron, criminaliza y estigmatiza a la población por su condición de exclusión social y pobreza extrema. Asimismo, denunciaron que algunas organizaciones dedicadas a la defensa de las poblaciones callejeras han recibido ataques mediáticos para difamar su trabajo.

Rechazaron toda acción de limpieza social que continúen realizándose en la Ciudad de México. Lamentaron que, pese a existir el Protocolo de atención a los poblaciones callejeras y el Programa de derechos humanos de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc haya contravenido la dignidad de las personas que viven o trabajan en calle; por ello, ahora es su responsabilidad dar a conocer su paradero.

Las organizaciones han realizado búsquedas en los alrededores de la zona, pero no han podido ubicar a los chicos, por ello, pidieron un informe detallado de dónde se encuentran. Asimismo, expresaron su preocupación porque se ha dado a conocer que tienen previsto desalojar a mediados de diciembre a la población que se encuentra en Artículo 123 y Humboldt, en la colonia Centro.

El llamado a la autoridad es a ciñirse a los lineamientos del protocolo, el cual prohíbe las prácticas discriminatorias y los retiros forzados de las vías públicas que violentan los derechos humanos de las poblaciones callejeras.

Asimismo, detener los ataques que difaman el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, evaluar los mecanismos de investigación y sanción de maltrato y abuso contra las poblaciones callejeras durante desalojos y operativos. Además de definir una estrategia que resuelva la condición de calle de forma definitiva.