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Marcharán por el país para defender fondos del agro
 
Periódico La Jornada
Sábado 8 de octubre de 2016, p. 6

El movimiento El Campo es de Todos anunció que a partir de este domingo realizará movilizaciones que pasarán por la mayoría de los estados del país, hasta llegar a la Ciudad de México para exigir a las autoridades un presupuesto digno para el sector.

En el foro La situación del campo y presupuesto 2017. Propuestas y alternativas, realizado en la Cámara de Diputados, legisladores y líderes campesinos cuestionaron la desigualdad distributiva de los recursos públicos.

Luis Gómez Garay, dirigente de El Campo es de Todos, aseguró que el presupuesto excluye a los campesinos del desarrollo para favorecer a los grandes empresarios del país.

Necesitamos abrir un espacio de discusión, de diálogo, que permita que la población mexicana entienda que hoy el campo se debate en una situación de pobreza y de marginación extrema.

En tanto, las grandes empresas se llevan la mayor parte del presupuesto, y solamente les dejan las migajas a los campesinos, indicó.

A su vez, Carlos Martínez Andrade, dirigente del Comité Permanente de Control y Seguimiento, en el que confluyen centrales y organizaciones del campo, afirmó que no hay lógica ni sentido social ni económico en esta política de subsidios mal dirigidos. Por ejemplo, de los recursos de Proagro, 60 por ciento se destina sólo a 20 por ciento del padrón de productores beneficiados, y el resto se orienta a grandes productores y empresas agropecuarias.

La diputada perredista Karina Barón Ortiz señaló que los campesinos piden a los legisladores que resguarden los intereses del agro, porque el gobierno federal es el aliado de los grandes monopolios, de las empresas agroalimentarias que se están llevando la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Por su parte, el diputado Jesús Serrano, presidente de la Comisión Agraria, pidió defender los recursos para las instancias de justicia del sector.

Tan sólo para la Procuraduría y el Tribunal agrarios se plantean recortes por más de 750 millones de pesos.