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David Vega fue detenido en diciembre pasado por despojo agravado y daños al ambiente

Comuneros incendian juzgado en Oaxaca tras liberación de presunto talamontes
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Comuneros de Santa María Chimalapa incendiaron ayer las oficinas del Ministerio Público de Matías Romero; además vandalizaron un automóvil que se encontraba afuera del lugarFoto Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de octubre de 2016, p. 25

Matías Romero, Oax.

Unos 300 comuneros de Santa María Chimalapa prendieron fuego al juzgado de garantías y a las oficinas del Ministerio Público de Matías Romero, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, en protesta porque las autoridades liberaron a un presunto talamontes e invasor chiapaneco.

David Vega Guerrero, de 65 años, fue detenido por indígenas zoques de San Francisco la Paz, municipio de Santa María Chimalapa, en diciembre pasado, y tras permanecer retenido varios días fue entregado a las autoridades judiciales de Oaxaca acusado de despojo agravado y daños al medio ambiente, pero al no haber más pruebas en su contra, la noche del jueves fue liberado tras el pago de fianza por 40 mil pesos.

Al mediodía de este viernes, unos 300 comuneros portando piedras y palos llegaron al juzgado de garantías y por 30 minutos vandalizaron e incendiaron una oficina mientras se realizaba una audiencia de juicio oral. Las llamas fueron sofocadas de inmediato por personal del juzgado. En el Ministerio Público hicieron lo mismo e incluso volcaron dos vehículos estacionados afuera del lugar.

Dos agentes de la policía auxiliar bancaria y comercial resultaron con heridas leves tras enfrentarse con los comuneros, por lo que fueron llevados a la unidad de salud del IMSS en Matías Romero.

Tras abandonar la ciudad los comuneros bloquearon media hora la carretera federal transísmica, cerca del poblado El Mezquite y luego regresaron a la cabecera municipal de Santa María Chimalapa en unas 10 camionetas.

Los manifestantes acusaron a Vega Guerrero de encabezar reinvasiones en los parajes La Reforma, Emmanuel y El Pescadito, del predio San Isidro la Gringa, de 40 mil hectáreas, que los zoques recuperaron en 1994.

La Policía Federal desalojó en abril pasado el paraje Emmanuel, pero los chimalapas emplazaron al gobierno para que desaloje también a los ocupantes de El Pescadito y La Reforma o, de lo contrario, ellos lo harán.

A David Vega lo acusan también de la desaparición del comunero Pablo Escobedo Méndez, en la década de los 80.

Liberan a retenidos en San Antonio

Por otro lado, comuneros de San Antonio y Benito Juárez, municipio de San Miguel Chimalapa, liberon a Ángel López Sánchez, quien fue capturado el 29 de septiembre mientras talaba árboles en El Quebrachal. Fue entregado a sus familiares en Rodulfo Figueroa, Chiapas, con la condición de no volver a depredar en la zona.

También quedaron libres Esaú Trujillo Gómez, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones; Juan Carlos García Salud, fiscal adscrito en la Vicefiscalía de Tehuantepec, José Medel Cruz, comisario de bienes comunales de San Miguel Chimalapa; Rosalino Sánchez Martínez, presidente del consejo de vigilancia, además de dos pilotos, quienes fueron retenidos –junto con el helicóptero en el que se transportaban– el sábado pasado cuando acudieron a San Antonio a negociar la liberación de López Sánchez.

A San Antonio llegó una comisión negociadora de empleados del gobierno de Oaxaca encabezado por Rodrigo Velásquez García, subsecretario de operación regional de la Secretaría General de Gobierno, y Víctor Alejo Torres, consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, además de representantes de Semarnat y Profepa.

El comunero Juan Arturo López Ramos explicó que en asamblea, los comuneros de San Antonio y Benito Juárez dijeron que como gesto de buena voluntad y al no hallar capacidad entre los enviados del gobierno para atender el tema de la invasión de sus tierrras y la tala en la zona por parte de ejidatarios chiapanecos, decidieron por voluntad propia liberar a los retenidos.

Asimismo, acordaron instalar mesas de diálogo entre campesinos y entre comuneros chimalapas y ejidatarios chiapanecos, para evitar más invasiones en la zona del conflicto, así como la devastación de la naturaleza. En los Chimalapas, labriegos de Oaxaca y Chiapas disputan 150 mil hectáreas.