ontra una larga tradición de arreglos silenciosos con los gobernantes en turno, la cúpula de la Iglesia católica ha decidido saltar a las calles para manifestarse abiertamente en contra de procesos legislativos en curso, referidos a importantes temas de interés público, agravando la polarización social y aprovechando la baja capacidad de resistencia del bocabajeado Enrique Peña Nieto.

En estricto sentido, la sublevación de las sotanas no tiene fundamento: el derecho de las personas del mismo sexo para contraer matrimonio está reconocido jurídicamente, aunque los interesados deben tramitar un recurso de amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desahoga positivamente, conforme a las normas vigentes. La iniciativa de Peña Nieto para reconocer ese derecho en la letra constitucional le daría un carácter general, sin necesidad de que cada interesado lo demande en lo individual.

Y, si los tradicionales canales de comunicación entre la Iglesia y Los Pinos funcionaran, o si los prelados quisieran darse por enterados de esto, la realidad en el congreso federal muestra que la iniciativa de Peña Nieto está procesalmente congelada, sin viabilidad inmediata o tal vez ya políticamente fulminada, por decisión de la bancada priísta que se mueve conforme a las instrucciones de Los Pinos.

Tampoco es un problema relacionado con libertades de expresión o de manifestación. Tanto derecho tienen de ejercer sus garantías constitucionales quienes están en contra como quienes están en favor de esa iniciativa favorable al matrimonio igualitario. Las marchas públicas realizadas este sábado y domingo, en uno u otro sentido, tienen, en su esencia, el componente de la legítima decisión de ciudadanos de expresar activamente sus puntos de vista y pretender que sean escuchados y procesados por los ámbitos de poder correspondientes.

El punto clave, en el contexto de las movilizaciones contra los matrimonios de personas del mismo sexo, está en la injerencia de específicos ámbitos de poder, como el clerical, y en la consecuente violación de ordenamientos constitucionales contrarios a su intervención en asuntos políticos. La historia de México registra episodios lesivos al interés nacional que fueron protagonizados por la élite eclesiástica, e incluso se produjo el siglo pasado la confrontación armada entre el gobierno, entonces a cargo de Plutarco Elías Calles, y grupos insurrectos autodenominados cristeros, con la participación abierta de la jerarquía católica.

La exacerbación de los ánimos conservadores, o francamente reaccionarios, ha sido muy clara en términos de la insidiosa difusión de versiones, sin sustento verídico, en el sentido de que el Estado pretende apropiarse del control doctrinario de los niños, para iniciarlos en una ideología proclive a la diversidad sexual, lo que incluiría su temprana definición en uno u otro roles. Colocar a los hijos como inminente materia de una especie de perversión legalizada, incentiva enojos, sobre todo en una base social con predisposición al fanatismo.

Si se analizara con rigor el hecho de que la iniciativa peñista no crea nuevos derechos, sino que los reconoce y generaliza, e incluso la evidencia política de que ese peñismo está en un proceso de abierto repliegue, casi de claudicación en ese tema, y si la difusión del proyecto de iniciativa se hiciera con puntualidad, sin excesos en busca de incendios sociales, es probable que no hubiese sido necesario ver en la calle, manifestándose, a 11 obispos (acompañados, en varios casos, por políticos panistas e incluso por monjas y monjes con sus hábitos).

Pero hoy, ante el declive del poder de Los Pinos, y con la vista puesta en el futuro electoral, varios actores y factores, antes acaramelados con Peña Nieto, creen llegada con urgencia la hora del deslinde e incluso de la ofensa con fines expiatorios. En el horizonte de 2018, la derecha considera llegada una nueva oportunidad electoral, ante un priísmo que parece condenado a la derrota y una izquierda dividida (PRD y Morena) y susceptible de múltiples trampas y campañas adversas. En ese contexto, la derecha y la ultraderecha mexicanas están de vuelta en las calles, convocando masas, enturbiando el debate, polarizando y preparándose para enarbolar próximamente el estandarte electoral de alguna opción conservadora cercana a sus intereses.

Involuntariamente, Hillary Clinton llevó ayer a un punto alto de la discusión pública el tema de la salud de los candidatos presidenciales (no solamente los de Estados Unidos). Presente en Nueva York, en un acto en recuerdo de los ataques a las Torres Gemelas, la aspirante demócrata hubo de retirarse y, a la hora de subir a su camioneta, se le vio tambaleante, a punto de caer. Luego se informó que había sido a causa de un golpe de calor y, finalmente, su médica personal dijo que desde el pasado viernes se le había diagnosticado neumonía.

El incidente de salud favorece al revitalizado Donald Trump (¡Gracias, Luis; gracias, Enrique!), quien ha insistido en que Clinton no tiene la salud ni el estado físico adecuados para cumplir con el duro rol de presidir a la potencia estadunidense. Ayer mismo, mientras Hillary reaparecía sonriente a las afueras del departamento de su hija en Nueva York, proclamando que se sentía muy bien, ya se hablaba en Estados Unidos de los mecanismos para sustituir a candidatos y volvía a florecer el sueño de postular al socialista democrático Bernie Sanders.

Peña Nieto dudó de sí mismo al bromear acerca de la publicidad que estaría haciendo a una bebida causante de graves problemas de salud en México: “el Presidente de la República toma Coca-Cola todos los días, Coca-Cola light. Espero que eso sea una buena publicidad para los productos de ustedes, o no lo sé ya…”, dijo ante directivos de la empresa mundial, responsable en buena parte de la crisis de salud mexicana por obesidad.

¡Hasta mañana, con Bellas Artes en promoción para renta a particulares, como acaba de suceder con el cantante Mijares en concierto privado, con Lucero y Angélica Rivera entre el selecto público!

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