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Vía participaciones tendrán un presupuesto 5.3% mayor al de este año, según propuesta

Los 32 estados serán los principales receptores del gasto el año entrante

Las entidades aumentarán de 701 mil 200 millones a 738 mil 548 millones sus recursos

Ese monto representa 14% del total de lo que se erogará el próximo año y 3.6% del PIB

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Los últimos datos oficiales disponibles al cierre de junio de 2016 revelan que Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila son las entidades más endeudadas en relación con su PIB estatal (superior a 6 por ciento) y nivel de participaciones (mayor a 210 por ciento)Foto Carlos Ramos Mamahua
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de septiembre de 2016, p. 21

En medio de un entorno de astringencia presupuestal, entre los principales beneficiarios del destino del gasto para 2017 se encuentran las 32 entidades federativas, que obtendrán vía participaciones un presupuesto 5.3 por ciento mayor en términos reales comparado con el de 2016, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

De esta manera, las entidades federativas aumentarán sus recursos de 701 mil 200 millones a 738 mil 548 millones de pesos como resultado de la mayor recaudación fiscal participable, con base en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Es importante recordar la elevada dependencia de las transferencias federales, que en el caso de los estados es de 90 por ciento, en tanto los municipios dependen de 50 a 70 por ciento de este recurso, sobre todo en aquellas entidades con altos índices de endeudamiento.

La propuesta de egresos del Ejecutivo federal para entregar 738 mil 548.7 millones de pesos representa 14 por ciento del total de las erogaciones estimadas para el próximo año, y significa 3.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

En términos comparativos este monto que se entregará a las 32 entidades federativas es superior al que se espera destinar a renglones tan importantes para el bienestar de la población como educación, al que se le canalizarán 679 mil 685.7 millones, o salud, con 539 mil 977.2 millones de pesos.

Los mayores recursos en participaciones a los estados y municipios provendrán de un desempeño favorable de los ingresos tributarios como el impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA), el especial sobre productos y servicios (IEPS) petrolero y no petrolero.

De acuerdo con el documento entregado el jueves a la Cámara de Diputados, se estima que el ISR aumente 10 por ciento, a un billón 419 mil 377.3 millones de pesos, mientras el IVA crecerá 3.6 por ciento con respecto a 2016 y llegaría a 794 mil 59.7 millones.

Se prevé que el IEPS petrolero que se aplica a las gasolinas y a los productos derivados de los hidrocarburos aumente 31.5 por ciento y sume 284 mil 432.3 millones de pesos, mientras el IEPS no petrolero que se aplica a las bebidas alcohólicas, refrescos, alimentos no básicos con alta densidad calórica y plaguicidas, se elevaría 3.7 por ciento, a 149 mil 458 millones de pesos.

Las mayores participaciones a las entidades federativas serán un alivio para aquellos estados con elevados niveles de endeudamiento. Los últimos datos oficiales disponibles al cierre de junio de 2016 revelan que Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila son las entidades más endeudadas en relación con su PIB estatal (superior a 6 por ciento) y nivel de participaciones (superior a 210 por ciento).

Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León son los más endeudados en relación con sus ingresos totales (superior a 85 por ciento).

En tanto, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz son los que pagan la mayor tasa de interés por sus adeudos (superior a 7 por ciento), mientras Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro son los que tienen el menor plazo para pagar a junio de 2016 (inferior a 10 años).

La Secretaría de Hacienda aseguró en su Informe Semanal del Vocero que tiene cuatro estrategias para lograr una reingeniería del gasto, que consisten en la contención de recursos a servicios personales; reducción de gastos de operación, al continuar con el proceso de austeridad; privilegiar programas para la reducción de la pobreza y acceso a derechos sociales, y priorizar la inversión productiva al poner en marcha nuevos esquemas de inversión con el sector privado.