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Documenta la CEDH agresiones de maestros y omisiones de directivos

BC: violencia contra 138 alumnos en 9 meses
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 10 de septiembre de 2016, p. 28

Mexicali, BC.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que 138 menores han sido víctimas de violencia este año por sus maestros o por la omisión de directores, supervisores e inspectores escolares, quienes desatienden las agresiones en planteles.

Melba Adriana Olvera Rodríguez, titular del organismo, dijo que ha aumentado la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en los planteles de educación básica, que se ha documentado alza de 4 por ciento en el padrón de quejas de la CEDH, lo que representa 50 casos más este año.

Olvera Rodríguez explicó que de las mil 295 quejas que se han presentado en nueve meses, 11 por ciento son por agravios a menores en las escuelas, aunque no todas las denuncias son por actuación de los profesores, sino también por omisiones de autoridades educativas que no respetaron su derecho a una vida libre de violencia.

Reveló que el acoso escolar se ha incrementado por la falta de atención de los docentes que han incurrido en violaciones por agresiones directas, lo que ha llevado a la CEDH a emitir dos recomendaciones durante el primer semestre de este año.

Una fue dirigida al secretario de Educación y Bienestar Social estatal, Mario Herrera, por el abuso sexual y agresiones del maestro de inglés Luis Gerardo Lugo Cicerol contra 19 estudiantes de un jardín de niños de Tijuana, luego de acreditarse violaciones a sus derechos durante julio-diciembre de 2015.

Sobre este caso, en octubre de 2015, una madre denunció que su hija fue víctima de agresión sexual por dicho maestro, quien le solicitó que el asunto se mantuviera en secreto a cambio de una retribución económica. Sin embargo, presentó la denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. El profesor está prófugo.

Olvera Rodríguez indicó que el área jurídica de este organismo está en comunicación con la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar seguimiento a las denuncias penales de niños, niñas y adolescentes.