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Ordenaron a la CFE, de forma ilegal, devolución de pagos por $2 mil 200 millones

Impugnan tres magistrados de Sonora los cargos que les imputa la PGR
 
Periódico La Jornada
Martes 6 de septiembre de 2016, p. 6

Los magistrados de la sala regional Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en Ciudad Obregón, Sonora, Carlos Miguel Moreno Encinas, Lázaro Figueroa Ruiz y Juan Carlos Encinas Valdez, comparecieron en una audiencia judicial en la que rechazaron los cargos que les imputa la Procuraduría General de la República (PGR) e impugnaron el auto de sujeción a proceso que dictó en su contra un juzgado federal.

La PGR pidió que se les inicie un juicio penal por ordenar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en forma presuntamente ilegal, una devolución de pagos a particulares que asciende a 2 mil 200 millones de pesos.

A decir de fuentes del Poder Judicial Federal cercanas al caso, los magistrados presentaron lo que en el argot jurídico se denomina recurso de apelación, que deberá resolver un tribunal unitario de circuito.

El pasado 16 de agosto, María del Rosario Alcántar Trujillo, juez séptimo de distrito, dictó auto de formal prisión contra los tres magistrados por delitos contra la administración de la justicia. Se informó que son juzgados porque, contrario a derecho, llevaron a cabo un procedimiento para admitir diversas demandas de nulidad de particulares contra la CFE, para que se les devolvieran pagos efectuados por consumo de energía y que concluyeron en sentencias contrarias a la empresa del Estado.

Las condenas contra la CFE se dieron de manera sumaria, es decir, las resoluciones condenatorias se llevaron a cabo con la participación de un solo magistrado, quien admitió, sustanció y determinó sin que la paraestatal interpusiera algún recurso.

El mes pasado, la PGR informó que ‘‘los magistrados violaron diversos ordenamientos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que los montos impugnados rebasaban la norma para estos procedimientos’’. Según la dependencia, los pagos pudieron causar un daño patrimonial al Estado mexicano por aproximadamente 2 mil 200 millones de pesos.