n el contexto de un país en crisis, con una república simulada, la educación pública padece las consecuencias del modelo económico hegemónico, contrario al interés de la mayoría de la población. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta hoy un momento histórico, en el que se hace evidente que no es posible continuar repitiendo las mismas prácticas como si se estuviese en un contexto de normalidad económica, política y social.
La exigencia de una explicación a los estudiantes rechazados del programa de becas de movilidad internacional de la UAM, mediante las redes sociales, se materializó el lunes pasado con la manifestación de un centenar de universitarios en el edificio administrativo de la rectoría general y hoy ha detonado un conflicto que cerró las instalaciones de las unidades Azcapotzalco, Xochimilco y la propia rectoría.
Tras cinco días de paros y la petición de diálogo público con el rector general de la UAM, Salvador Vega y León, este fin de semana fueron entregadas casi 100 por ciento de las becas de movilidad a los estudiantes rechazados, de acuerdo con el rector, a partir de un plan de austeridad que ha permitido obtener los recursos suficientes para la asignación de los apoyos. Sin embargo, el conflicto va más allá del otorgamiento de becas. Sobre la mesa de negociación se han planteado una serie de demandas que exigen transparencia en el manejo de los recursos públicos de la institución, la explicación clara del programa de austeridad, y un alto a las políticas que atentan contra las actividades sustantivas de la UAM: docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.
Entre las demandas destacan la realización de una auditoría externa y la abrogación de los acuerdos 09/2016 y 10/10, que impiden la contratación de profesores temporales de tiempo completo a partir del próximo trimestre, lo que ya ha originado la renuncia de profesores investigadores extranjeros que actualmente están contratados bajo esa modalidad. Tales acuerdos impactan en la cantidad de grupos que se abrirán los próximos años, afectando con ello la realización de las labores docentes. El plan de austeridad anunciado por el rector general ya es padecido por la comunidad universitaria. Desde hace varios años se ha limitado el presupuesto para la realización de prácticas de campo, para la asignación de becas a estudiantes de excelencia y para aprender un idioma extranjero. Tapar un hueco para abrir otro no puede considerarse solución.
Pareciera que hasta ahora los altos funcionarios se han dado cuenta de que pueden prescindir de algunos excesos para realizar su trabajo. No obstante, una verdadera política de austeridad pasa necesariamente por eliminar banquetes, la compra de bebidas alcohólicas, los elevados salarios de la burocracia, los choferes y la gran cantidad de asesores y secretarios particulares a su servicio. Resulta ofensivo que la UAM pague hasta 3 mil 900 pesos diarios a algunos funcionarios, que además, en muchos casos, reciben ingresos como profesores investigadores y estímulos federales externos.
Quienes ponen en riesgo las actividades sustantivas son los que deberían garantizarlas. Para comprenderlo hay que enumerar algunos proyectos inconclusos, por ejemplo, mantener cerrado desde 2012 el centro cultural Teatro Casa de la Paz, en la colonia Roma, argumentando la falta de recursos para completar su remodelación estructural; mantener en obra negra el Museo Gota de Agua, en la delegación Iztapalapa, a pesar de que en 2002 se entregaron 150 millones de pesos para su construcción; y la edificación de dos inmuebles en la unidad Lerma.
El problema que hoy enfrentan la UAM y otras universidades tiene dos aristas. Por un lado, la falta de transparencia y la mala administración de los recursos públicos por parte de las autoridades, y por el otro, el insuficiente presupuesto destinado por el gobierno federal a las instituciones públicas de educación superior. Si consideramos los montos nominales asignados anualmente a las universidades, en contraste con el índice de inflación y el incremento a los precios en los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento de la universidad, el presupuesto real se ha venido reduciendo. Aunado a ello, los recortes a la educación anunciados por Videgaray a finales de junio a causa del Brexit y la suma de los recortes al Conacyt ponen verdaderamente en riesgo las funciones de las universidades públicas.
La lucha que hoy encabezan los estudiantes de la UAM es por la rendición de cuentas y contra una política encaminada a desmantelar la educación superior pública y gratuita. Ellos han demostrado su capacidad de organización y diálogo, corresponde ahora a las autoridades asumir con responsabilidad su papel para resolver los problemas internos y tomar parte activa en la defensa del presupuesto, en las instancias necesarias, para mantener a la UAM como uno de los pilares educativos del país, como casa siempre abierta al tiempo.
*Estudiante de posgrado de la UAM Azcapotzalco
